Magistrados denuncian al Estado por irregularidades en la justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, en su 156 período de sesiones públicas, recibió ayer la declaración de los exmagistrados del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, oportunidad en que ratificaron su acusación en contra del Estado boliviano por la falta de independencia judicial a todo nivel, y prueba de ello es la destitución de la que fueron objeto en el Senado por una decisión política.

Los exmagistrados participaron de la misma para ratificar la denuncia planteada poco antes de ser destituidos en el Senado, a consecuencia de la postergación de la Ley del Notariado que debía aplicarse y que, según el Gobierno, fue motivo suficiente para iniciar un juicio de responsabilidades, cuya sanción fue derivada a la justicia ordinaria.

De acuerdo con el informe destinado a los medios de comunicación, Cusi relató que existe una sistemática violación a la independencia de todos los administradores de justicia, incluso la Fiscalía del Estado fue “cooptada por el poder político, acompañada de una flagrante violación a la carrera judicial y fiscal, para dar paso a la designación política de jueces y fiscales que responden a intereses del Gobierno”.

Cusi sostuvo que los operadores políticos del Gobierno intervienen directamente en los procesos judiciales. “Llaman por teléfono e incluso asisten a las audiencias, para presionar a sola mirada por un fallo a favor del Gobierno. No se respeta para nada la independencia del juez”, dice el informe enviado a los medios de prensa.

En su relato puso en conocimiento el funcionamiento de presuntas redes de corrupción judicial descubiertas en varios casos y que fueron atribuidas al llamado “Gabinete Jurídico” que, según dijo, ha utilizado el sistema penal “para destruir a la oposición. Los opositores no tienen seguridad ni protección de nada ni de nadie”.

“Pobre de aquel juez que falle en contra del Gobierno (…) y todo aquel abogado que no tiene el apoyo de estas redes de corrupción perderá todos sus juicios”, declaró al exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pronunciamiento exigiendo una justicia independiente, sino velando por la vigencia del sistema democrático en Bolivia.

A su turno, la exmagistrada Velásquez ratificó que se vio forzada a renunciar al cargo, a consecuencia de la “presión y acoso político” de la que fue víctima, cuando estuvo en medio del juicio de responsabilidades abierto por el MAS ante la Asamblea Legislativa.

Cada parte tuvo cerca de 25 minutos para exponer sus argumentos y tres minutos para responder a una pregunta dentro de la sesión, que estuvo presidida por el estadounidense James Cavallaro, primer vicepresidente de la CIDH.

DESCARGO

A su turno, el procurador general del Estado, Héctor Arce, destacó los cambios que lleva adelante el gobierno del Presidente Evo Morales, en lo político, económico y social, además sostuvo que los magistrados fueron enjuiciados porque cometieron el delito al suspender la aplicación de una ley que generó un daño económico irreparable al país, y admitió al mismo tiempo que la justicia en Bolivia “no está bien pero antes estaba peor”.