Poder y corrupción

El proyecto separatista de algunos catalanes se ha pinchado por el lado menos esperado: la corrupción en que cayeron los militantes de Convergencia para sacar provecho de los contratos de infraestructura en Barcelona.

Habían llegado, en septiembre, a tener muchos votos, aunque no los suficientes para proseguir el camino hacia la independencia.

En eso estaban: calculando cuántos votos obtendrían de eventuales aliados para lograr el propósito separatista, cuando estalló el escándalo del 3%, que es lo que cobraban a las empresas que se adjudicaban las obras de la Generalitat.

Un juez sin mucha importancia denunció el hecho y ahora se sabe que incluso hasta hace pocos días, los funcionarios de Convergencia seguían cobrando la comisión.

El peor detalle, el más demoledor, es que el anterior director de infraestructura, Josep Antoni Rosell, diseñó un proyecto millonario, lo adjudicó a una empresa, y luego dejó el cargo público para asumir como presidente de esa empresa. Antes de irse había aprobado que el costo de la obra pase de 1.069 millones de euros a 1.928 millones. Previsor el hombre. Pero además, había asegurado el 3% para el partido.

Visto así, parece que el proyecto separatista estaba dirigido a tener una república a su cargo, pequeña, rica, y con muchos proyectos para sacar provecho.

Desde el gobierno, José Antonio Bermúdez comentó que la peor corrupción es aquella de la que no se sabe, porque queda impune. Y sólo las instituciones, en este caso la justicia, pueden frenar este mal.

En Bolivia se sabe de un solo caso en que una institución señaló la corrupción. La contraloría denunció el caso del Fondo Indígena y saltó el pus. Los culpables no han sido castigados, excepto los que hacen de carne de cañón.

En Bolivia hay muchos temas a los que se podría aludir. Los costos de los grandes proyectos son elásticos. Bulo Bulo comenzó costando 840 millones de dólares, pasó a 1.200 y ahora está por los 2.400. La planta de Yacuiba tuvo una inflación de precios similar. Ahora se habla de la planta de uranio, que costará 3.000 millones. Y muchas más. Todo por invitación directa. Llave en mano, igual que en Barcelona.

Sin hablar de la economía ilegal, que es casi equivalente a la legal, la corrupción se ha adueñado del país. Y no hay instituciones que le hagan frente.

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