Por un Órgano Judicial independiente

En una nota editorial hace pocos días, apreciábamos que uno de los males de la Justicia en el país es su politización que, como en el resto de la administración pública, depende absolutamente del partido en función de gobierno. A través de esa óptica concluimos que elegir a los altos magistrados sea por sufragio universal o en el seno de la Asamblea Legislativa, no dejará de ser una elección política. La Asamblea o Parlamento es el organismo político por excelencia, en el cual todo se define por intereses partidistas y donde es hasta natural que los partidos busquen la obtención de cupos de poder, en este caso en el Órgano Judicial. Esta es la peor manera de conspirar contra la autonomía y la imparcialidad de la Justicia, requisitos indispensables para su buena administración.

Recientemente ante el drama que padecen los tribunales por estas causas y que las conocemos como retardación, corrupción, falta de acceso, etc., se ha expuesto algunas propuestas, unas novedosas y otras demasiado trilladas.

Anteriormente recogimos un planteamiento dirigido concretamente a liberar a los tribunales de su dependencia partidista. En síntesis plantea la conformación del Consejo de la Magistratura integrado por los tres ex magistrados supremos más antiguos, por un representante de los Colegios de Abogados reunidos en congreso y, en consulta, por un miembro de las Facultades de Derecho públicas y privadas, agregando a la Asociación Nacional de Periodistas, con un miembro cada una. Destaca que los ex magistrados son personajes profesionalmente logrados, celosos de conservar su prestigio e inmunes a dejarse llevar por influencias y recomendaciones. Lo más importante es que este Consejo de la Magistratura designaría entre los abogados del Foro de mayor idoneidad, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, es decir, a la cúpula del aparato judicial.

Por otra parte, se ha conocido la propuesta de otro jurista versado en este tipo de temas; la misma bastante parecida a la anterior sobre todo en relación con el Consejo de la Magistratura, si bien contemplando un número mayor de instituciones. Sugiere también la implementación de “casas de justicia” en las municipalidades, donde se sustanciarían y resolverían las causas. Los fallos serían analizados técnicamente por comisiones de expertos en atención a la correcta o incorrecta aplicación de la ley, sin otras instancias. El Tribunal Supremo se circunscribiría a casos especiales como los contencioso-administrativos (los particulares contra el Estado y viceversa).

Las casas de justicia facilitarían el acceso por su contacto más cercano a los ciudadanos obviando la burocracia y la distancia, entre otras virtudes que contiene el proyecto en cuestión. Siendo, sin duda, más complejo exige un proceso de maduración e inclusive de cambio de mentalidad con respecto al tema así como la dotación de una adecuada infraestructura, a partir de los gobiernos municipales. De inmediato dentro de la reforma de la Justicia en actual tela de juicio, la propuesta señalada en primer lugar por su sencillez y aplicabilidad inmediata debería ser tratada con carácter de transición entre una y otra de las dos alternativas aquí referidas.