Durante el segundo semestre del 2015 los habitantes de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Tarija y Chuquisaca empezaron a sentir los efectos de la carencia de agua potable, particularmente en áreas rurales.
Esta carencia es atribuible a fenómenos climáticos, pero sobre todo a fallas en la inversión pública que no otorgan la prioridad adecuada en los presupuestos para atender este recurso vital para la vida, en el campo y en las ciudades.
Hace unos cuatro años, en una visita de trabajo a la ciudad de Tarija, me sorprendió que la oficina a donde asistí, ubicada muy cerca de la plaza Luis de Fuentes, a partir del medio día no tenía agua potable.
En Cochabamba, pese a que es el departamento en el cual se ha construido el mayor número de presas para riego, existen 114 en total, gran parte como aporte del programa PROAGRO, es notorio el retraso en la conclusión de Misicuni, un proyecto que debería aportar con agua para 20 provincias para consumo humano, riego y generación de energía. Cómo se puede explicar que este proyecto otorgado al Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), que estaba integrado por la italiana Grandi Lavori, la boliviana CCI SRL; las venezolanas Vialpa y Obresca y las colombianas Change Consulting Group y GCC SA, grupo al que se otorgó los trabajos en marzo del 2009, no pueda concluirlos hasta el presente.
En un anuncio reciente, el gerente de Semapa, Carlos Aguilar, anunció que desde septiembre hasta febrero del próximo año, la empresa aplicará el racionamiento de agua a la ciudad.
La falta de agua en Tarija se atribuye a la ausencia de obras para la habilitación de pozos construidos por el Gobierno y la Alcaldía de Cercado; en Potosí por malas conexiones y sequía; mientras que en Chuquisaca se debería a derrumbes.
Tarija tiene la solución a la mano, la ejecución del proyecto Carolina, cuyos estudios fueron realizados con apoyo de la Unión Europea, debería ser una prioridad para proveer agua potable y riego en la parte altiplánica del departamento.
Otro proyecto, el Santa Ana, añadiría 6OO Has al valle central, lo que permitiría expandir la superficie con viñedos mejorando la economía regional.
En Sucre, el periódico Correo del Sur informó: “La crisis desatada en Sucre por la falta de agua continuó ayer para miles de habitantes que, desde varias calles del centro y diversas zonas periurbanas, se quejaron porque el servicio no les había sido restablecido. Ni las autoridades de ELAPAS ni las instituciones que forman parte del Directorio, entre ellas, Alcaldía de Sucre y Gobernación de Chuquisaca, salieron a dar explicaciones públicas”. Entre los extremos: el pedido de cisterna de la cárcel San Roque sí fue atendido; más de 480 reos estaban sin agua y fueron ellos mismos los que acarrearon el líquido elemento acompañados de policías.
Las ciudades de La Paz y El Alto sufren una seria amenaza de falta de agua por el deshielo de los glaciares. El deshielo del Chacaltaya se dio ya hace un par de décadas y en la actualidad el glaciar del Tuni Condoriri está derritiéndose a un paso rápido, afectando a la población que depende del glaciar para proveerse de agua para su consumo y para sus actividades agrícolas. Este glaciar provee el 80% del agua potable a El Alto y a una sección de la ciudad de La Paz.
En resumen, una de las más altas prioridades de inversión de las gobernaciones y los municipios de los departamentos afectados es la dotación de agua potable y para riego. Esto es fácil de resolver, al ser Bolivia un país privilegiado con abundancia de recursos hídricos en las tres grandes cuencas hidrográficas.
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