Sistema tributario y economía informal

Un sistema tributario económico es de suma importancia para un país, cualquiera sea su ubicación geográfica. También es muy importante para Bolivia, que está tratando de salir del subdesarrollo, aunque en el último lustro hubo marcado crecimiento económico de nuestra economía, expresado en el PIB, dato ratificado por organismos internacionales.

Para este efecto, el sistema tributario boliviano, que está constituido por el conjunto de tributos existentes en el país, tiene un problema referente al ámbito territorial y al tiempo de vigencia de dicho sistema.

La Ley 843 creó impuestos, que hasta ahora se aplica en nuestro ordenamiento jurídico tributario, modificado posteriormente con la Ley 1.606 del 20 de mayo de 1996 y la del año 2003 con el nuevo Código Tributario; éstos representan el marco normativo vigente hasta ahora.

El Código Tributario si bien es parte importante del modelo económico de nuestro país, también es cierto que tiene limitaciones, porque al crear exenciones, deducciones y devoluciones con el propósito de ser progresivos, éstos resultan más bien regresivos, ya que las personas o empresas con mayores ingresos pueden evadir impuestos a través de estos instrumentos que pretendían beneficiar a los más pobres.

Estos elementos que distorsionan el sistema tributario son los que impiden tener una mayor base tributaria que responda a las demandas de nuestra sociedad; al mismo tiempo son los que impiden de manera directa o indirecta la formalización de nuestra economía, ya que el sector informal no está ajeno a la estructura del sistema tributario. Y es que si ampliamos nuestro universo tributario con contribuyentes que en este momento desean aportar al Estado, pero en condiciones que sean beneficiosas tanto para ellos como sujetos pasivos de un impuesto, como también para el Estado como acreedor del tributo, mejorarán los ingresos tributarios para el Tesoro General de la Nación, de manera que le permitan cumplir con los fines consagrados en el Código Tributario.

En este contexto, el sistema tributario boliviano deberá ser modificado de manera que sea más efectivo, y no más sancionador. Esta tarea necesariamente deberá ser estudiada por las instituciones que tengan las competencias establecidas por la ley.

De esta manera se cumplirá también con lo que dice la Constitución Política del Estado, en cuanto a principios en política fiscal, y así buscar la justicia social de los bolivianos, expresada en el mismo documento.