Registraron 4.500 denuncias por vulneración de derechos

El delegado del Defensor del Pueblo en la urbe alteña, José Luis Hidalgo, informó que entre enero y octubre de este año se registraron 4.500 denuncias por vulneración de derechos humanos en entidades públicas.

Asimismo, aclaró que esto representa un incremento de más del 20% en comparación a la pasada gestión.

Hasta el mes de octubre, la mayor parte de los casos atendidos se refieren a la vulneración de los diferentes derechos de la ciudadanía, quienes en distintas circunstancias logran identificar como responsables de esta situación a diferentes instituciones, entre las que se encuentra el propio Gobierno Municipal de El Alto.

“Es una de las instituciones que ha sido más denunciadas, no sólo en la etapa de transición, sino todo el proceso donde se logra pasar de una gestión a otra por parte de nuevas autoridades políticas quienes conforme a sus normativas realizaron algunos despidos a personal, de los cuales algunos son justificados y otros no, pero llegaron hasta nuestras instancias a dar a conocer estos factores”, explicó la autoridad.

Para la autoridad, un incremento en las denuncias en contra de una entidad pública, generalmente ocurre cuando la misma se encuentra en etapa de transición y debe restructurar todo el personal a su disposición, con la finalidad de lograr llegar a objetivos definidos.

Hidalgo explicó que incluso en algunos casos llegaron a intervenir las instituciones con respaldo normativo, en tres casos específicos, los cuales fueron atendidos por la primera autoridad edil Soledad Chapetón, quien permitió corregir algunas determinaciones administrativas en favor de personas que registran estar en estado de gestación o ser del grupo de personas con alguna discapacitada.

Mientras que en las otras instituciones como la Policía Boliviana y el propio Ministerio Publico, que si bien no se encuentran en etapa de transición, continúan siendo identificadas como las instancias que mayores vulneraciones a derechos humanos se realizan.

“Las denuncias más recurrentes que se presentan con diferentes temáticas en contra de los administradores del Ministerio Publico, se enmarcan en la retardación de justicia, donde se observa la poca celeridad tanto de la entidad de investigación, la Fiscalía y el propios órgano judicial”, concluyó Hidalgo.

Para el representante del defensor, la suspensión frecuente de audiencias y las recusaciones que se presentan sobre todo por personas que están implicadas en hechos delictivos es una constante que genera mayor vulneración de las víctimas, que fuera de no tener apoyo legal, están casi obligadas a abandonar sus denuncias como resultado de dicha retardación de justicia que se convierte en una de las mayores vulneraciones, como es la falta de poder ser parte de un debido proceso judicial.