Un nuevo estudio de la corrupción a nivel internacional no ubica favorablemente a Bolivia, esta vez a cargo de Natural Resources Gobernance Institut (NRGI). Este organismo privado y sin fines de lucro señala que un combate eficiente contra la corrupción por parte de los Estados debe redundar en un 300% a favor del Producto Interno Bruto. En cambio, la tolerancia o la falta de un eficaz combate contra esta lacra conspiran contra la salud, la educación y la igualdad social.
Según dicho Instituto, las fuentes generales de la corrupción, pero no las únicas, son el desvío de fondos públicos, las licitaciones y las decisiones judiciales. Frente a estas fuentes, el Estado puede contrarrestarlas mediante el Control de la Corrupción y la calidad del Estado de Derecho.
En Bolivia estos factores no desempeñan un adecuado servicio y la corrupción sigue boyante, pese a que el Ministerio de Transparencia es tan antiguo como el Gobierno del cambio. Si bien esa Cartera ha abarrotado de antecedentes de corrupción a la Fiscalía, una mayoría se encuentra estancada en sus reparticiones. En vano los ciudadanos y los legisladores de oposición en su tarea de fiscalización formulan denuncias al Ministerio Público, conociendo que no se efectuará una investigación convincente. Este organismo junto a la mala administración de Justicia marcan la mengua de lo que podría llamarse Estado de Derecho.
NRGI clasificó a nuestro país en penúltimo lugar en la escala de la corrupción en América Latina, tan sólo un nivel antes de Venezuela ubicada en el último peldaño entre 209 países. Sin duda, el Fondo Indígena, que acarrea un desfalco de unos 500 millones de dólares, ha contribuido mucho al descenso de las estimaciones de Bolivia en la escala de la corrupción. A ello se suma YPFB (afectada desde la gestión de Santos Ramírez hace diez años), los contratos de publicidad, los cisternas a Argentina y de ésta a Bolivia, etc., en la misma estatal de hidrocarburos.
Altos jefes de la Policía Nacional se han visto involucrados en corrupción, desde narcotráfico hasta sobreprecios en alimentos, uniformes y otros. La compra de barcazas de China Popular es otro caso flagrante. Las adquisiciones fiscales sin licitación por enormes montos, dan lugar a dudas sobre su transparencia. En fin, el Gobierno tiene el deber ineludible de redoblar al máximo sus mecanismos de control para mejorar su imagen en estos rubros ante propios y extraños. La corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la inseguridad pública y la dedicación desmedida a la política, constituyen la cotidianidad problemática de la ciudadana, influyendo también decisivamente en el descenso del prestigio nacional.
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