Normas y directivas que son cuestionadas

Después de algunas decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que son consideradas como favorables al oficialismo, la aprobación de la Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional abre el proceso electoral por el Sí o por el No para la nueva reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Este repetitivo panorama electoral o plebiscitario se nos ofrece con no pocas particularidades dirigidas a la reproducción del proceso de “cambio”. Veamos algunas de estas ventajas otorgadas desde los Órganos del Estado. Así tenemos, la participación activa de la Administración Pública a favor del Sí, aunque con afán de disimulo se la autoriza para hacer campaña después del horario de trabajo. Lo demuestra que el propio ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, es el jefe de campaña del MAS en el departamento de La Paz, con énfasis en el campo. Esto sugiere que cada ministro tomará a su cargo el sector al cual se refiere su cartera.

Luego, se menciona el descuento de los haberes de los funcionarios públicos del 10% para dicha campaña. Si bien se trata de una medida destinada a la “exportación”, ya que la carga será para el Erario. “Del mismo cuero salen las correas”. Este cuadro pinta una falta de equidad entre el oficialismo y la oposición. Como se trata de una compulsa popular en la que no todas las posibilidades están de parte del Gobierno, sus previsiones van lejos. Entre ellas los votos blancos y nulos del referéndum no serán computados como expresión del No. Se desconoce así el derecho de la ciudadanía a utilizar diversas formas de pronunciarse en las urnas.

Las restricciones ponen una valla inconcebible nada menos que en procesos electorales, que es cuando más la opinión pública necesita expresarse con libertad.

Por principio ético de buena e imparcial administración, los funcionarios públicos -cualquiera fuese su rango o nivel- no debieran participar en proselitismo ni campañas electorales, sin embargo se instruye que sí lo hagan los cónsules y embajadores en los 33 países a los que el TSE se propone llevar el referéndum.

Pese a que aún el TSE no ha bajado la bandera a cuadros para el inicio de las campañas, la Asamblea Legislativa ha sido convertida en un palenque callejero de disputa -entre oficialistas y opositores- con poleras y pancartas, actitud que aporta un nuevo motivo de pérdida de imagen de sus componentes ante la opinión pública.