La renuncia de cuatro vocales del Tribunal Electoral de Chuquisaca (TED) y la destitución del quinto vocal por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por faltas graves y muy graves en la elección del gobernador de Chuquisaca, Rafael Urquizu, originaron el cierre del caso y su “extinción” por el TSE, diluyendo la delicada cuestión en “agua de borrajas”. Como es conocido, el ex TED procedió a anular más de 9.000 votos correspondientes al Frente Revolucionario de Izquierda para promover como ganador al actual Gobernador y, en consecuencia, impedir la segunda vuelta, acto en el que podía haber sido elegido el candidato contendiente, Damián Condori, de la formación Chuquisaca Somos Todos.
La resolución del TSE aunque cita las disposiciones violadas de la Ley de Régimen Electoral -muchas de las cuales configuran delitos- no dispuso la remisión del caso a conocimiento del Ministerio Público, no obstante de conllevar responsabilidades de orden civil y penal previstas en la misma Ley. Al parecer, sería pedir prodigios que el TSE ataque a fondo el caso, empezando –como debería ser- por la anulación de la controvertida elección o la validación de los 9.000 votos del FRI, medidas ambas que obviamente aparejarían la cesación del Gobernador, dando paso con espíritu restitutivo a la segunda vuelta electoral. Como alternativa podía organizarse una nueva elección de Gobernador.
Este procedimiento podía también abreviarse en gran medida con la renuncia del Gobernador en ejercicio como la expectativa pública aún espera, no obstante la negativa de renuncia. Cualquier persona que asuma investidura, de buena fe, que puede ser este caso, ante una ilegitimidad puesta de manifiesto no tiene otra alternativa que alejarse del cargo por propia ética y dignidad.
La vida institucional de un pueblo es tan delicada como la salud humana y como ésta, no resiste una crisis profunda, o si la resiste sufre una mengua difícil de recuperar. De igual modo, el cuadro al que asistimos en este nuevo quebranto institucional no puede menos que reclamar una restitución a los cauces de confiabilidad, en los que debería discurrir la vida política de un país, como mínima condición de estabilidad institucional y verdadero ambiente democrático.
La designación o elección sectaria de algunos órganos del Estado –y el Órgano Electoral en su conjunto es el cuarto Órgano de la pirámide estatal- origina una inseparable carga que es como presagio de que su trayectoria o su final dejarán mucho que desear. No es la primera vez que asistimos a estos sobresaltos institucionales. La selección de las personas y más aún de las autoridades, como ocurre en cualquier actividad, es un hábito que se percibe olvidamos cada vez más.
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