Contra la Ley, “obligación” de aportar para campañas

Contrariamente a lo que establece la Ley Electoral, el partido de gobierno ha dispuesto que “todos los empleados públicos” aporten hasta el 10% de sus haberes con destino a sufragar la campaña para la re-re-re reelección del presidente Evo Morales. El caso, extremo desde todo punto de vista, seguramente incluye a ministros de Estado, senadores, diputados, miembros del Poder Judicial, administrativos del Legislativo, vocales y personal del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de gobernaciones y alcaldías que tienen que ver con el partido de gobierno.

Esos aportes, generales porque todos los nombrados son empleados públicos o sea dependientes del TGN y de las arcas de gobernaciones y alcaldías; nada raro que la disposición no hace referencia concreta a las universidades públicas que dependen de dineros que erogue el TGN. Es muy extraña la disposición por dos razones: en primer término, porque conforme a ley es atentar contra disposiciones expresas y, segundo, porque este tipo de aportes tendría que ser enteramente voluntario y no obligatorio; debe ser, además, sin pregonarse su condición de ser público.

Por supuesto, hay que suponer que el personal de las empresas del Estado -YPFB, Comibol, ENDE, Entel, Ecobol y muchas otras que pertenecen al sector público- también deben aportar. La disposición es abusiva y arbitraria; es imponer una obligación a todo el personal de las entidades públicas que suman muchos miles, a cumplir con aportes que nada tendrían que ver con su condición de ser funcionarios del Estado. Se entiende, por principio, que todo el personal sujeto a ingresos fijos, como son sueldos y salarios, debe pagar impuestos, aportes a la CNS, a las AFPs e instituciones determinadas por leyes expresas; crear una nueva carga es contrario a las mismas políticas pregonadas por el Gobierno en sentido de que “sirve al pueblo”.

Como justificativo se ha sostenido que en el pasado “todos los grupos político-partidistas han cobrado a su militancia”, esto implicaría que como en el pasado se cometió arbitrariedades, éstas tienen que continuar con el partido de gobierno. Por otro lado, habría que diferenciar entre cuotas por ser militantes del partido o la “obligación” de aportar con el 10% de sueldos y salarios del empleado público. Por otra parte, hay que sospechar y hasta tener la seguridad de que un buen porcentaje de los empleados públicos sujetos a la obligación del 10% no votarán por lo que el Gobierno quiere por tener ideologías diferentes.

La disposición, por moral y en acatamiento de la ley, debería ser anulada; de otro modo, se comete un abuso y se sienta precedentes funestos para el futuro. Los votos, sea en referendos o en elecciones para elegir autoridades, deben ser libres y tan sólo sujetos al dictado de la conciencia de cada ciudadano. Obligarlo al voto “comprometido” es violentar las leyes y abusar de quienes, por necesidad, sirven al Gobierno y sus diversas dependencias.