La extorsión anda sobre ruedasa

Siendo patética la extorsión judicial fresca que es de conocimiento público, es la moneda corriente en los tribunales y si no es así, que lo digan los litigantes. Estamos nada menos en presencia de un juez del Tribunal Anticorrupción y de Defensa de la Mujer, quien no a través de un intermediario sino personalmente extorsionó a la madre de un autor de abuso deshonesto, exigiéndole 15.000 dólares para después de escuchar súplicas transar por un monto menor, pero bajo advertencia de aplicar “una pena más grave”.

Como si estas prácticas fueran corrientes en la estructura judicial -en realidad lo son-, en primer lugar la pecadora es requisada por una funcionaria con el afán de convencerse de que no porte celulares y otros, remitiéndola al Juez, quien también toma sus seguridades para descargar tranquilo sobre la víctima sus apetitos de enriquecimiento. Sin embargo, la avispada madre lleva una cámara hábilmente dispuesta, con la ingenua creencia de que el registro documental será suficiente y definitiva arma de desenmascaramiento. ¡Oh incongruencia, entre nosotros no valen tales recursos!

Se supone que la secretaria, u otra funcionaria del Juzgado, administra el primer registro, significando en buen romance que la corrupción actúa en comandita. Por otra parte, la funcionaria cómplice, bien gracias. Nadie se ocupa de ella. La Viceministra de Justicia no pudo menos que admitir la existencia de consorcios de jueces, fiscales y malos abogados, asociación harto conocida y casi garantizada.

En un programa difundido por televisión, un abogado invitado dijo -en consonancia con el juez anticorrupción Marcelo Barrientos- que la filmación no constituye prueba incriminatoria. Para serlo, debía recabarse la autorización del juez o del fiscal. Se debe dar por seguro que siendo así, el extorsionador sería oportunamente avisado. Es tiempo para que el Instituto de Investigaciones Forenses cuente con técnicos de identificación de imágenes y voces a fin de evacuar informes rápidos en estas materias.

Desde hace tiempo la tecnología dispone de distintos medios que facilitan identificar delincuentes, pero seguimos anclados en cánones legislativos tradicionales, facilitando la impunidad. Los legisladores prefieren no ocuparse de recursos eficaces y eficientes como las mencionadas grabaciones.