Reforma integral al sistema

Nos referimos al sistema de energía (gas, petróleo, electricidad) y nos volvemos a adherir al criterio de analistas del sector que reclaman -desde 2006, en mi caso- la deliberación y sanción de una nueva Ley de hidrocarburos.

Hoy más que nunca, ante los diversos cuestionamientos de gobernaciones, municipios y universidades sobre el proyectado recorte de 12% que sufrirán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, por mandato del Ejecutivo y para “incluirlos” obligatoriamente por ley como “financiadores” de los proyectos de una “Ley de Incentivos a las Inversiones Petroleras (No 319)”, se requiere una reforma integral al sistema normativo, legislativo y regulatorio del sector.

El exministro Mauricio Medinaceli se unió a las voces que apoyan la formulación de una nueva Ley de Hidrocarburos y señala claramente que para incrementar la producción de petróleo en Bolivia se debe trabajar en una nueva norma de hidrocarburos.

Esos incentivos no podrán aplicarse por cuanto el precio del barril de petróleo es bajo, de manera que de por sí lograr inversiones es complicado, más aún si no se tiene la piedra fundamental, que es una Ley de Hidrocarburos que sea una política de Estado.

La principal región productora de gas de Bolivia, Tarija, se opone -con claros argumentos técnicos- a la referida norma.

No es posible, para ponerlo en sencillo, que el Estado central “incentive” a compañías multinacionales con base en dineros de ingresos presentes y futuros que les corresponden a las regiones productoras que deben orientar esos recursos a sus principales funciones de desarrollo regional y atención de sus ciudadanos. Estarían siendo “obligadas” por ley a ser “inversionistas” en un esquema de juego financiero que es altamente volátil.

El importante estrado técnico-académico del Foro Internacional del Gas, en Tarija hace un par de semanas, en sus conclusiones fue contundente en: exigir al Estado boliviano “continuar en una política intensiva de exploración, aplicando tecnologías innovadoras, asociado a las mejores empresas y orientando de una manera eficiente los recursos”.

Adicionalmente, el foro de expertos indicó que “es necesario un nuevo marco legal que permita la atracción y el desarrollo de mayores proyectos”. A la par de mantener la “preocupación por intensificar campañas exploratorias, con la finalidad de continuar satisfaciendo la demanda del mercado interno, cumplir con los compromisos de exportación y, sobre todo, desarrollar nuevos proyectos de industrialización”.

Luego menciona la necesidad de una nueva legislación en electricidad con la finalidad de que se adecue a necesidades vigentes del sector eléctrico.

Me adscribo -nuevamente- a lo que dijo el año pasado la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia, Ana Corbacho, en entrevista concedida a un rotativo de La Paz. Ella indicó, con muchísima precisión, algo que venimos reclamando desde 2006: urge una nueva Ley de Hidrocarburos.

En la amplia entrevista la representante conversó sobre la importancia de fijar “incentivos eficaces” para la exploración de hidrocarburos, la que, ciertamente, en estos últimos años no solo fue demorada, sino está muy por detrás de la media continental de exploración. Ni hablar de la producción de líquidos o gas. Lo que esa ejecutiva expresó es lo que muchos bolivianos venimos pidiendo: el establecimiento formal de una nueva política energética boliviana (NPE).

Una nueva NPE será muy clara: primero una Ley de Hidrocarburos y luego desarrollo intensivo de inversiones en proyectos específicos.

¿Qué debe contener una nueva legislación?, elementos comunes y siempre repetidos: que sea moderna, global, y que permita el acceso de capitales privados bolivianos e internacionales a toda la cadena de hidrocarburos; paralelamente una nueva Ley de Electricidad que motive y empuje inversión en electricidad (termoeléctricas/hidroeléctricas) con énfasis en hidroeléctricas, de manera de “liberar” volúmenes de gas de termoeléctricas para destinarlos a agregación de valor; incluir la utilización de las RIN (reserva internacional neta), hasta el 45%, de manera que el Estado sea socio en PPP (public private projects) de proyectos de industrialización, de exploración intensiva y en toda la cadena; además de fortalecer rol del Ministerio y de YPFB; el Ministro de Hidrocarburos debe ser al mismo tiempo presidente de YPFB para que tenga el mando y capacidad política-institucional única para ser cabeza de sector; fortalecer y modernizar a una Agencia Reguladora de Energía, como en Colombia y México, que esté a cargo de regular y fiscalizar las operaciones petroleras, gasíferas y de toda la cadena de hidrocarburos, con competencias alejadas a los mandos político-partidarios; crear un Fondo Soberano (como tienen Noruega, Qatar o Emiratos).

Esas ideas -que ni son nuevas- son fruto de experiencias con alto grado de éxito que han permitido a otros países pasar de economías de exportación de materia prima a economías de exportación de valor agregado.