Semanas atrás se realizó una reunión de representantes de Ministerios Públicos de varios países, oportunidad que sirvió para evaluar la historia de ese organismo estatal en Bolivia, vale decir su origen, desarrollo de sus actividades y situación actual. Ese evento del Ministerio Público, que contó con la asistencia de 150 de los más de 450 fiscales, sirvió, además, para hacer una mirada autocrítica y reflexiva de lo que significa la vida de esta institución en la labor penal que desarrolla cotidianamente.
El resultado de una primera evaluación crítica del Ministerio Público dio por resultado que con anterioridad al nuevo Código de Procedimiento Penal, se constató que el sistema acusatorio tenía características obsoletas, “inquisitivas y ritualistas” y que el interés por superarlas encontró dificultades debido a que no pudo cambiar, a la vez, la institucionalidad y no se puede adecuar el Ministerio Público a esa nueva función de la Fiscalía.
De otro lado, se recordó que esta entidad estatal se caracterizaba por la presencia de fiscales que desarrollaban un trabajo “artesanal e intuitivo”, sin tecnología y que, pese a la tecnología apoyada y respaldada por Usaid, no progresó y finalmente quedó deteriorada y diezmada en sus capacidades.
El estudio encontró también que el Ministerio Público estaba “anquilosado, sin tecnología” y se enfrentaba al dilema de encarar esa situación dejando atrás el antiguo sistema acusatorio o encarar los desafíos que se aproximaban, de tal forma de aplicar cambios en la estructura y en especial en la mentalidad del Fiscal en Bolivia y, finalmente, transformar y revolucionar el sistema público.
Frente a esa situación la reunión nacional del Ministerio Público adoptó medidas de urgencia como fortalecer y potenciar el instituto de Investigaciones Forenses utilizando una investigación científica con laboratorios de genética, de toxicología y, finalmente, ingresar a una etapa de capacitación de los peritos y técnicos para que acompañen la investigación de los fiscales.
En síntesis, el Ministerio Público estaría ingresando en una gestión dirigida a la investigación científica y tecnológica con el funcionamiento de un renovado Instituto de Investigaciones Forenses. Es más, se habría propuesto superar un modelo de sistema artesanal e ingresar a una etapa de “industrialización” del trabajo en la fiscalía, vale decir dar un salto cualitativo con el objetivo de crear un modelo de Fiscalía corporativa, especializada como Fiscalía en Corrupción, Trata y Tráfico y Sustancias Controladas, como adelantó el Fiscal General del Estado.
El anuncio oficial en ese sentido sería positivo en caso de que entre en aplicación y no se quede en el papel, como ocurre con frecuencia en los proyectos que ofrecen periódicamente algunos funcionarios públicos. Se superaría la actual situación basada en el trabajo artesanal “que no da paso a una revolución industrial en el ámbito de la justicia, donde se continúa llenando de expedientes los despachos fiscales y está ausente un sistema que permita industrializar la labor del fiscal y permita desarrollar al Ministerio Público en el sistema acusatorio”, como confesó paladinamente el actual Fiscal General del Estado.
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