Transportistas interprovinciales amenazaron con realizar desde el lunes un paro indefinido si la Gobernación no atiende el pedido de que su sector administre la terminal interprovincial.
Entretanto, Edgar Ramos, funcionario de la Gobernación, dio a conocer que no existe ningún documento que reconozca esa petición.
En la víspera, centenares de choferes tomaron las principales calles de la sede de Gobierno con una multitudinaria marcha. En la ocasión, Germán Celda, ejecutivo del sector de los choferes, afirmó que de no ser atendidos por las autoridades de esta entidad departamental su próxima medida de presión será un paro indefinido con el que se pretende, además, cercar las cuatro vías de conexión entre las ciudades de La Paz y El Alto junto a un posible bloqueo de caminos.
La multitudinaria movilización, con letreros, pasacalles y carteles, advirtió que realizará un posible cerco a la ciudad de La Paz.
“La población paceña, desde la próxima semana, debe reabastecerse por provisiones, porque hemos resuelto hacer un paro indefinido desde el próximo lunes”, reitero el dirigente.
ACUERDO
Entretanto, el representante de la Gobernación, Edgar Ramos, dio a conocer que en pasados días, en una reunión realizada con la dirigencia de los choferes interprovinciales, se llegó a un acuerdo que refiere la entrega de 15 casetas a la dirigencia de esta entidad para discutir el alquiler de las casetas además del pago por el ingreso de vehículos al interior de la terminal.
“Como sellando ese acuerdo el señor Germán Celda, nombró madrina de trofeo a la Secretaria de Desarrollo de la Gobernación, pero después se perdieron y no retornaron más. Nosotros hemos convocado públicamente a reunirnos con la finalidad de lograr formalizar el acuerdo logrado”, explicó Ramos.
Ramos dio a conocer que el sector de los choferes expresó su interés de administrar la terminal interprovincial, aspecto que habría sido expresado por la primera autoridad el día de la inauguración, pero dicha propuesta no logró ser comprobada con ninguna documentación y por el contrario prima la norma que señala que obras realizadas con recursos del Estado deben ser administrados y controlados por la entidades públicas y no así por entidades sociales o grupos privados.
“Por lo tanto, al no existir ninguna constancia de ese interés de los choferes, la Gobernación tienen compromiso con el municipio de El Alto y la UPRE del Gobierno nacional para que la Alcaldía ceda terrenos para que la propiedad pase a la Gobernación, con la finalidad de que se administre, documento firmado entre el exalcalde Edgar Patana y el gobernador cesar Cocarico”, aclaró.
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