Bogdan Chivaran
En Bolivia, este derecho se manifiesta en la nueva Constitución Política del Estado, artículo 21 numeral 6, que establece que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”; artículo 106: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”; artículo 8, que determina que “El Estado se sustenta en los valores de..., libertad…, transparencia…, responsabilidad…, para vivir bien”).
INTERNET GRATIS - INICIATIVAS
Internet.org, programa del fundador de Facebook, en principio se creó con el fin de llevar Internet a aquellos países más desfavorecidos y colaborar en su desarrollo. Varios usuarios han expresado que el Internet ofrecido es muy limitado y apenas si se acerca al servicio más básico del que disfruta de forma gratuita el resto del mundo.
Lo más trágico es que a través de su aplicación instalada en el celular, Facebook rastrea todo nuestro tráfico de Internet, lo monitoriza y solo ofrece acceso a páginas predefinidas a su conveniencia y beneficio. Otra posibilidad sería que el gobierno de cada país subvencionara al proveedor que ofrezca acceso a Internet.org, por lo que el “Internet gratis” pasa en realidad a ser “Internet que pagamos entre todos”. No está mal en absoluto que un gobierno subvencione el acceso a la red de sus ciudadanos en caso de lo que necesiten, al contrario, es casi una obligación, pero resulta harto dudoso el beneficio si beneficia a determinadas empresas. Este modelo está también presente en Bolivia.
El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías se opuso al acuerdo que el Gobierno ha firmado para que Internet.org se despliegue en el país centroamericano e incluso recoge firmas en Change.org para intentar frenarlo.
De una manera parecida a Google, los usuarios de la red social no son sus clientes, sino su producto. En este sentido, Internet.org podría ayudar a la red social a expandirse en estos países y volver a crecer tras unos años estancada. Google podría estar siguiendo una estrategia similar con Android One, cuyas primeras ventas no han sido precisamente esperanzadoras.
CONCLUSIONES
Si bien el contexto legal ampara el libre acceso al Internet, tanto a nivel local como internacional, no se ha llegado a una instrumentalización del mismo. El primer desafío no son las estrategias de amparar el mercado de las corporaciones transnacionales o la transferencia de tecnología, sino el desarrollo de políticas públicas coherentes, que valoren las telecomunicaciones como factor de desarrollo socioeconómico.
Los ámbitos de mayor necesidad e impacto de una política de acceso gratuito y de calidad al Internet se darían sobre todo en la democratización y acceso universal a los procesos de formación y capacitación, transparencia y participación, integración y universalización en el acceso, brindando condiciones de igualdad a toda la comunidad, tanto de personas del área urbana como rural, de escasos recursos, estudiantes, empresarios, intelectuales, etc., cumpliendo condiciones de gratuidad y sobre todo calidad.
La exigencia de neutralidad en la red debe ser común en todos los países, ya que la lucha contra la corrupción en el sector de las telecomunicaciones afecta directamente al desarrollo de los países emergentes.
Los servicios gratuitos en muchas ocasiones no son neutrales. En países como India, se ve con normalidad que se excluya determinados servicios de datos y que las compañías acepten sobornos. El periodista indio Nikhil Pahwa ha respondido a un editorial de Zuckerberg, define este fenómeno como un racismo económico, ya que se trata un Internet pobre para gente pobre. Cuando el fundador de Facebook habla de lo maravilloso que es ver a un niño en una aldea remota y descubrir el poder de Internet, Pahwa añade que si Zuckerberg hubiera sido el mismo niño prodigio que es, pero habiendo nacido en alguno de estos países, aunque hubiera participado en este proyecto de Internet.org, nunca habría podido crear Facebook.
Existen diversos intentos por cubrir esta necesidad y derecho humano, sin embargo la mayoría de las alternativas también dirige la accesibilidad a intereses corporativos, alterando el principio de libertad en el uso.
Mientras que en varios países se están desarrollando estos tópicos, en el caso de Bolivia todavía quedan los siguientes interrogantes: ¿Qué políticas existen a nivel nacional? y ¿qué medidas se toma para ayudar cumplir con este derecho constitucional sin favorecer a empresas del tipo mencionado con productos limitados y sin dejar monitorear el tráfico de datos de los propios ciudadanos bolivianos por compañías externas? ¿Existen proveedores en el país que pueden ofrecer este servicio? ¿Existe alguna iniciativa o política a nivel nacional?
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