Mario Ojara Agreda
Conflicto internacional es la confrontación sobre un determinado asunto. Los conflictos son políticos cuando una de las partes plantea la modificación de una situación existente, y éstos se los resuelve en la OEA y en la ONU, que han sido creadas para dar solución pacífica a los conflictos entre los Estados Miembros. Los conflictos jurídicos se refieren a la aplicación o interpretación de un tratado internacional y se resuelven en la Corte Internacional de Justicia de La Haya o mediante el arbitraje.
El conflicto marítimo con Chile es político, la Asamblea General de la OEA, que se reunió en la ciudad de Cochabamba el 30 de octubre de 1979, aprobó por unanimidad de votos una resolución histórica que obliga a Chile a dar a Bolivia una salida soberana y útil al océano Pacífico, sin compensación territorial. Esta resolución tiene valor jurídico exigible y es deber de cualquier gobierno de turno considerarla como política de Estado que debe ser sostenida en los foros internacionales. Plantear nuestra demanda marítima en la CIJ de La Haya es un error, da lugar a la instauración de un juicio entre Bolivia y Chile, y en todo juicio se gana o se puede poner en riesgo el destino de la Patria.
La resolución de la OEA interpreta fielmente nuestra demanda de mar con soberanía, bajo el concepto de reivindicación marítima. Bolivia nació con mar y debe retornar al mar con soberanía. Hay 15 países que nacieron sin mar y la Convención de Naciones Unidas a favor de los países desprovistos del litoral marítimo les concede toda clase de facilidades para que exploten flotas mercantes propias. Estas facilidades quiere concedernos Chile.
El tema marítimo es de interés vital para nuestro país y se requiere una conducción política idónea para no cometer errores, nuestra causa marítima tiene el apoyo y solidaridad de todos los países del mundo y estamos emplazados a demostrar solvencia intelectual en la conducción del magro problema de la Patria. La Corte de La Haya admitió que Chile no ofreció mar con soberanía, pero un fallo definitivo sobre la cuestión marítima, sobre el fondo del asunto implica la modificación de la frontera entre Bolivia y Chile, la cual obliga necesariamente a un acuerdo bilateral.
La resolución de la OEA del 30 de octubre de 1979 tiene efecto vinculante y por ello, el canciller del Estado tiene la obligación de exigir su cumplimiento en la OEA y en la ONU. Llevar la cuestión marítima a la Corte de La Haya es un error y sin lugar a dudas Chile ve con beneplácito que comentamos un grave error. El tema marítimo es de interés de todos los bolivianos, por falta de un puerto propio y soberano no recibimos las grandes corrientes migratorias que con capital y tecnología contribuyeron a hacer los países modernos y prósperos de América Latina, y profundizamos el subdesarrollo.
Es de interés nacional exigir que Chile cumpla la resolución del 30 de octubre de 1979, realizando debates y más debates en la OEA y en la ONU para que la presión internacional doblegue a Chile o dar a Bolivia mar con soberanía.
No perdamos más tiempo, la Corte de La Haya dará un fallo después de 10 años desde que ha sido presentada nuestra demanda y nadie puede asegurar de que este fallo será absolutamente favorable a Bolivia. La falta de una política de reivindicación marítima adoptada como política de Estado es un riesgo y en la cuestión marítima con Chile no hemos logrado todavía hacer una política de Estado, impera la improvisación.
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