La campaña electoral para las elecciones legislativas en Venezuela entra en su semana final con los ánimos crispados por la violencia política. No es un asunto menor lo que está en disputa. El chavismo afronta la inédita posibilidad de ceder el control de uno de los poderes públicos después de 17 años de hegemonía. Más de 19 millones de venezolanos podrán participar de una contienda trascendental como la que más en la historia contemporánea del país sudamericano.
La oposición, representada en su gran mayoría por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llega con la opción real de controlar el Parlamento tras más de tres lustros de derrotas y errores políticos que permitieron tanto al fallecido Hugo Chávez como a su sucesor Nicolás Maduro consolidar un poder sin contrapesos. La mayoría de las encuestas más reputadas le otorgan en sus últimos estudios de campo a la oposición una ventaja de entre 20 y 30 puntos.
Nunca antes el gobierno había llegado a una contienda electoral con menos intención de voto que sus rivales. Acosado por la inflación, la crónica escasez y el colapso de un modelo económico que hostiga a la empresa privada y sustituye la producción de bienes y servicios por importaciones, el régimen tiene aún posibilidades de minimizar el impacto de una derrota. Es muy probable que esa diferencia no se vea reflejada en los resultados finales por cuatro razones: se trata de una elección en 87 circuitos elaborados a la medida de los intereses del chavismo por el Consejo Nacional Electoral (CNE); por la campaña de miedo iniciada por el Gobierno para advertir a sus electores de la supuesta pérdida de las ayudas sociales “las llamadas misiones- con un Parlamento controlado por la oposición; por la debilidad de la maquinaria de la oposición, incapaz de garantizar la presencia de sus testigos en todo el país para evitar las supuestas trampas chavistas en el acto de sufragio; y el uso de los recursos del Estado puesto al servicio del partido de Gobierno para acarrear votantes. (EL PAÍS de España)
