El Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad sesionará hoy por primera vez, tratando el proceso en el supuesto asesinato (feminicidio) de la exconcejal del municipio de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza.
El Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad es una herramienta del Observatorio, para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, que fue promovido por las víctimas, familiares, organizaciones sociales, activistas por los derechos de la mujer y la Defensoría del Pueblo.
En su primera sesión, programada para las 09.00 en el auditorio de la Defensoría, participarán expertos y expertas en el tema como Julieta Montaño, abogada y defensora de los derechos humanos, y fundadora del Comité de América Latina y el Caribe, para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la periodista y activista Lucia Sauma y una representante de Acobol, además de familiares de la víctimas.
La abogada Valquiria Lira dará a conocer el avance de la investigación desde que esta comenzó en marzo de 2012, cuando la exautoridad edil fue encontrada asesinada en inmediaciones del río Orkojawira, en la ciudad de El Alto.
Se considerará el avance, los resultados y las acciones de funcionarios, que interfirieron dando lugar a la impunidad o retardación de justicia.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que han sido convocados para participar en esta primera sesión, representantes de los Órganos Judicial y Ejecutivo, la Policía Boliviana, Ministerio Público, organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y de los derechos de la mujeres, ante quienes, tras una argumentación sobre la vulneración de derechos, se emitirá una sanción ética-social por la impunidad en la que se ha desarrollado este caso y muchos otros de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, violencia, física, sexual, sicológica y acoso político.
La resolución ético, moral y social identificará los derechos vulnerados, que debieran ser objeto de denuncias en contra del Estado y será entregada a las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, a la opinión pública, al Ministerio de Justicia, como cabeza de sector, otras carteras de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que se puedan conocer el estado de deterioro del acceso a la justicia, así como las recomendaciones, relativas a revertir el estado de impunidad en que decenas de casos han quedado.
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