Bolivia, país minero sin política minera

Bolivia es país minero, pero carece de una política minera que le permita desarrollar sus fuerzas productivas. Se ha hecho algunos esfuerzos para cambiar esa dirección, pero casi todos ellos no han producido algún cambio y la minería sigue sometida invariablemente a los antiguos procedimientos, es decir continuamos bajo el sistema colonial de extracción y exportación de metales y minerales sin la previa industrialización.

El primer gran saqueo de materias primas minerales (oro y plata) se produjo durante la invasión incaica al territorio del Kollasuyo. Posteriormente vino la explotación de plata por los conquistadores españoles y, finalmente, la explotación de estaño por la oligarquía colonial republicana. Sin embargo, pese a las experiencias, durante el siglo pasado esa política continuó en forma invariable, excepto algunos esfuerzos que, finalmente, cayeron en desgracia hasta llegar al presente, cuando se constata que las políticas mineras siguen siendo las mismas y casi sin esperanza de variación.

La actual política minera -si puede llamarse tal cosa- continúa en los mismos lineamientos tradicionales, vale decir extraer minerales y metales por procedimientos técnicos arcaicos y enseguida proceder a su exportación como materia prima para abastecer las industrias de países desarrollados. Es más, algunos emprendimientos para industrializar metales y minerales han fracasado o están en vías de colapsar, como el de la fundición de estaño de Vinto, mientras el de Karachipampa y otros menores estarían desahuciados en forma definitiva, pese a que para su rehabilitación se invirtió más de cien millones de dólares. Toda esa cadena de frustraciones es, por supuesto, producto de inadecuadas políticas mineras.

En fecha reciente en el Banco Central se realizó el seminario “Cambio minero en Bolivia”, el mismo que confirmó que el Estado boliviano no tiene una política minera y esta materia marcha a la deriva. En primer lugar se destacó que las cooperativas mineras marchan a la deriva y carecen del menor plan para que sus actividades beneficien al país. Cosa parecida ocurre con la minería mediana privada, que se sostiene difícilmente y está al borde de la quiebra por la caída de los precios. Igual cosa se puede decir de la pequeña.

La metalurgia y la futura siderurgia marchan en la misma dirección, como en los casos de Vinto y Karachipampa que tienen dificultades casi insalvables con sus hornos de fundición, el abastecimiento de materia prima, carencia de mercados, deudas, desorden laboral. El asunto del Mutún después del fracaso de la Jindal no es menos patético, pese a ofrecimientos de origen chino.

Entre tanto, el Gobierno no tiene una política minera y en su empirismo alcanza a dar golpes de ciego que no resuelven el fondo del problema. En efecto, en dicha reunión presentó un proyecto de ocho puntos que, a lo más, propone soluciones técnicas, pero no toca la esencia de la cuestión, lo cual confirma que el país no cuenta con una clara política minera, motivo por el cual se desaprovechó la época de los altos precios y al presente no se sabe qué se va a hacer con la abrupta caída de las cotizaciones internacionales. Es, pues, paradójico que un país minero como Bolivia no tenga política minera ni para la época de las vacas gordas ni para la de las flacas.