Municipio demolió 100 construcciones ilegales

La Alcaldía alteña procedió ayer a la demolición de 100 construcciones ilegales en la zona Libertad del Distrito Municipal 4, barrio colindante al aeropuerto.

Durante las acciones ediles, uno de los afectados por la demolición disparó un arma de fuego contra un efectivo policial y dos funcionarios ediles.

PROCESO

La demolición fue realizada en presencia de varias autoridades policiales y municipales. La Alcaldía estuvo representada por la asesora jurídica edil, Sonia Vallejos, quién señaló que todo el proceso se realizó de acuerdo con la ley, además dijo que los habitantes de este sector ya habían sido notificados con anterioridad.

“Todavía no tenemos conocimiento sobre las superficies de cada uno de los lotes de terrenos, pero entendemos que son de 240 a 300 metros cuadrados, pero el tema es que son asentamientos que no tienen legalidad, es por eso que hemos procedido a la destrucción de las viviendas. Además, las personas que se asentaron de forma ilegal en este sector fueron notificadas anteriormente, pero hasta la fecha hicieron caso omiso, por lo que se procedió a tomar esta actitud que es legal”, explicó la abogada edil.

Por otro lado, funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación (Aasana) señalaron que dichos terrenos ubicados en el sector llamado “Cola del Aeropuerto”, siempre han pertenecido a dicha institución,

“Nosotros, como Aasana, tenemos en este sector equipamiento que sirve para la navegación aérea, por eso es que no puede permitirse que se construyan casas clandestinas en todo este lugar que lo llamamos Cola de Aeropuerto. Otro de los motivos es también por la seguridad de la gente que habitaba en el sector”, señaló uno de los funcionarios que presenció la demolición.

Asimismo, se dio a conocer que, debido a estas construcciones, el aeropuerto podía perder su categoría internacional, por lo que era necesario proceder a estas demoliciones.

AFECTADOS

Por su parte, los afectados, sorprendidos por la actitud del Municipio, que con equipo pesado destruyó todas las construcciones clandestinas, aseguraron que estos son terrenos que compraron de manera legal. Sin embargo, no pudieron sostener esta afirmación debido a que no contaban con documentos legales que apoyen sus aseveraciones.

Mercedes Apaza, una de las afectadas, trató de impedir, a como dé lugar, que su vivienda sea destruida. La afectada intentó echar con palos y piedras a los funcionarios municipales y a los propios efectivos policiales, diciendo que todo lo que ahorró fue precisamente para construir una de las casas demolidas en la víspera.

“Aquí estamos desde hace mucho tiempo atrás y no es justo que deshagan el sacrificio económico que hicimos para lograr esta edificación, porque nosotros somos personas de escasos recursos económicos y para construir tuvimos que prestarnos hasta del banco y todavía, producto del mismo, debo dinero. Ahora que todo se vaya a la nada no es justo”, reclamó la afectada.

HERIDOS

En el operativo de demolición, un policía y dos funcionarios municipales de El Alto resultaron heridos con impactos de bala de un arma de fuego calibre 22.

El sargento Ciriaco Choque recibió el impacto de bala en el pecho, mientras los otros dos funcionarios fueron heridos en las extremidades inferiores. Inmediatamente, fueron trasladados al Hospital del Norte, donde se informó que el primero reviste de mayor gravedad.

“Nos informaron que el policía tiene un delicado estado de salud, por lo que fue derivado hasta el Hospital Obrero, para que sea atendido por especialistas; el obrero del municipio está fuera de peligro”, dijo Vallejos.

En tanto, el comandante regional de la Policía de Auxilio Ciudadano (PAC) de El Alto, Rondal Pérez, aseveró que la persona que disparó en contra de los funcionarios fue aprehendida y trasladada a la Felcc, ya que en su poder también se encontró un cartucho de dinamita y una bomba molotov.

LA DEMOLICIÓN

El operativo de demolición se extendió por más de cuatro horas, desde las 7.00 de la mañana, con el resguardo de 350 efectivos policiales y un número similar de funcionarios ediles, además de maquinaria pesada para derrumbar los muros y habitaciones construidas en la “Cola del Aeropuerto”, o sea a partir del lugar en que termina la pista de aterrizaje, por lo que no había margen a extender ésta, por lo que, en cierto modo, se encontraba impedida de recibir aviones que requieren más pista por sus dimensiones.

En el lugar, los uniformados se percataron que la mayor parte de las construcciones estaban deshabitadas y en las que eran ocupadas se procedió al desalojo de personas y sus pertenencias, para autorizar la demolición.