OEA solicita garantizar seguridad de exguerrilleros colombianos

Washington.- La OEA pidió ayer al Gobierno colombiano garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto y también de los desmovilizados de las FARC, al considerar que la cifra de muertes violentas de exguerrilleros supone un “eslabón débil del proceso de justicia transicional” planteado en los diálogos de paz.

REPORTE SEMESTRAL

Esta es una de las recomendaciones del informe semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), que abarca de septiembre de 2014 a enero de 2015, y fue presentado ayer en el Consejo Permanente de la organización con sede en Washington.

“En lo relativo a desmovilizados y víctimas, hemos indicado la necesidad de que se sigan los protocolos internacionales que están establecidos en todos los acuerdos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos”, explicó a Efe Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA.

“Lo que es importante es que el diseño de los acuerdos de paz esté acompañado de garantías para todas las partes, para quien se desmoviliza, para los ciudadanos que viven en las comunidades afectadas por el conflicto y ahí el Gobierno tiene un papel fundamental”, añadió.

Una de las conclusiones del informe de la misión de la OEA, que Guerrero presentó ante el Consejo, es que la cifra de desmovilizados que han perdido la vida de forma violenta constituye “un eslabón débil del proceso de justicia y transicional” puesto que los beneficios de acogerse a los procesos de sometimiento a la ley “se vuelven difusos”.

“Resulta imperativo para el proceso de paz dar prioridad a la investigación y esclarecimiento de las muertes violentas de desmovilizados”, añade el informe.

EXCOMBATIENTES

En Colombia han muerto violentamente unos 3.700 combatientes que abandonaron diferentes grupos armados ilegales entre 2003-2004, según las cifras que ofreció recientemente el jefe de la misión de la OEA en el país sudamericano, Roberto Menéndez.

“Para garantizar el desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil, en el proceso deben discutirse y acordarse medidas que permitan garantizar la seguridad de los desmovilizados de las FARC en el escenario del posconflicto”, indica el informe presentado ayer.

“Además, se tienen que garantizar las condiciones para el desarrollo económico de los municipios y ciudades en las que posiblemente se lleven a cabo los procesos de reintegración, y escenarios e instrumentos para la participación y reintegración de los excombatientes en los contextos comunitarios”, agregó. (EFE)