Prorroguismo y estabilidad

Dos de los argumentos más utilizados y más característicos de aquella derecha reaccionaria interesada en reproducirse y conservar el poder a cambio de ofrecer estabilidad económica y social; ahora (muy irónica y paradójicamente), son utilizadas por altas autoridades del gobierno y el oficialismo, nada menos que sosteniendo que se trata de la única alternativa de izquierda para garantizar, supuestamente, la profundización del proceso.

Este nuevo y burdo intento por volver a repetir esa constante impostura y suplantación que ha caracterizado al actual gobierno en los últimos años, y por el cual se busca trastrocar y dar un sentido diferente a los hechos, cuando en realidad se mantiene la esencia de lo que se afirma haber superado y/o derrotado; pretende hacer creer a la ciudadanía y el pueblo que si pierde el sí, volverá la derecha, que ellos mismos representan.

Para develar esa lógica perversa, el presente artículo abordará algunos ejes que permitan desenmascarar y esclarecer el panorama.

De qué alternativa de izquierda, o de qué propuesta de cambio y profundización del proceso se puede hablar, si lo que se plantea es el mismo continuismo, “estabilidad” y crecimiento que el neoliberalismo y la derecha siempre repetía como el único medio para garantizar bienestar y progreso para unos pocos (¿).

Tan enfrascados en el exitismo y la autocomplacencia de haber despilfarrado ingentes recursos económicos en la construcción y financiamiento de megaobras (como aeropuertos, satélite, canchas de fútbol, tinglados, empresas estatales, barcazas, puentes, etc.), de muy dudosa utilidad, cuando no francamente negociados y estafas que se caen a poco de ser inauguradas; no se dan cuenta o no quieren percibir el profundo desencanto del pueblo y la gente. Y es que una vez disipado el entusiasmo y la novedad de semejantes erogaciones elefanteásicas, el pueblo llega a la conclusión que ello, al margen del evidente despilfarro, no ha mejorado, ni mucho menos transformado sus condiciones de vida, de trabajo, ingresos, o de acceso a los servicios básicos que tanto necesitan.

Todo lo contrario, constatan que ese afán desenfrenado por construir grandes obras y forzar el gasto del presupuesto hasta el último centavo, solo ha servido para favorecer los intereses de grandes empresarios (antiguos y nuevos que se crearon precisamente al calor de los ingentes recursos disponibles), pero sobre todo para disparar la corrupción y los negociados, así como la profundización de las desigualdades entre los nuevos ricos y la mayoría pobre del país.

Convencidos de que el sistema rentista que fue copiado del neoliberalismo, de entregar diverso tipo de bonos (incluido el doble aguinaldo), les puede garantizar un apoyo generalizado; se consuelan repitiendo los argumentos de organismos internacionales como el FMI, sosteniendo que ello ha servido para lograr una mejor distribución del ingreso y luchar contra la pobreza. Prefieren ignorar que se trata de uno de los más perversos métodos patrimoniales y asistencialistas, que al mismo tiempo de generar una dependencia ciudadana respecto de los bonos (que generalmente es insostenible en el tiempo), la desmoviliza y aletarga, dando una sensación de estabilidad y tranquilidad, cuando en realidad se divide las organizaciones sociales, se destruye décadas de lucha y una experiencia inestimable en la reivindicación de sus demandas que pone a la sociedad en una condición autista, sin reflejos ni capacidad para defender y movilizarse.

No se dan cuenta que muy en contrario de lo que piensan o desean, el pueblo no quiere cambiar la Constitución, ni mucho menos tener dueños ni patrones que pretenden quedarse en el gobierno, nada menos que modificando la Constitución (que tanta lucha costó), para que dos personas se beneficien. El gobierno no quiere entender que si bien el pueblo aplaude y recibe los bonos, sabe perfectamente que ello no proviene de los bolsillos de los gobernantes (como se nos quiere hacer creer), y tampoco resuelven las necesidades más acuciantes como el acceso a los servicios básicos, creación de fuentes de trabajo y empleo digno y permanente, o seguridad ciudadana por ejemplo, que a pesar de la década de gobierno transcurrida, continúan sin ser resueltos.

El caso del doble aguinaldo es más revelador todavía, porque al margen de constituir la mayor expresión del rentismo para congraciarse con la clase media, busca lograr réditos político electorales que ahora más que nunca los necesita. Adicionalmente es muy revelador, porque al mismo tiempo de poner en evidencia la pretensión gubernamental de decidir su postergación (al margen del pueblo y sus organizaciones sociales), con el empresariado nacional (provocando la furia en su contra de toda la clase obrera del país); paralelamente viene a constituir un tremendo golpe a las pequeñas y medianas empresas que han logrado subsistir y tienen una gran cantidad de mano de obra dependiente en condiciones precarias.

Se evidencia que en contrario de haber promovido y desarrollado la diversificación productiva, el incentivo a las iniciativas asociativas y el apoyo al pequeño productor como motor generador de trabajo productivo; en realidad se los castiga con obligaciones fuera de su alcance, y los somete al peligro de desaparecer y engrosar las grandes filas de informales, comerciantes y cuenta propistas que siguen incrementando la enorme cantidad de personas y familias desocupadas o subocupadas que llenan los barrios marginales.

Es decir, se desnuda la total ausencia y falta de iniciativa gubernamental para diversificar la economía, las fuentes de trabajo y la producción; para traducirse más bien en nuevas cargas y obligaciones que caen sobre los sectores populares, que nunca han disfrutado de los beneficios, grandes ingresos y ganancias de las que gozan las grandes empresas y corporaciones que sí han tenido el respaldo económico, normativo y político del gobierno.

Dícense un gobierno progresista y de izquierda, siendo que en la práctica han liberalizado y desregulado la economía (a través de disposiciones que permiten las contrataciones directas, la aprobación de normas para “incentivar” la exploración y explotación hidrocarburífera, la conversión de áreas protegidas en zonas de concesión minera e hidrocarburífera, la legalización de las quemas y chaqueos ilegales de bosques y biodiversidad, la simplificación y práctica anulación de los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas, etc.), para facilitar el extractivismo salvaje de los recursos naturales y garantizar el desempeño de las empresas y corporaciones transnacionales.