Detención preventiva para exministra Julia Ramos

La tarde de ayer, tras cuatro horas de debate, el juez anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, dispuso la detención preventiva de la exministra de Desarrollo Productivo, Julia Ramos, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, imputada por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contrato y Legitimación de Ganancias con Afecto al Estado.

La exautoridad de Estado fue investigada por la aprobación de nueve proyectos, en los cuales figura como garante, en otros brinda el aval correspondiente, además, se reveló que se causó un presunto daño económico al Estado de 7,5 millones de bolivianos.

La comisión de fiscales que investiga el caso está compuesta por los abogados Ángelo Saravia, Gregorio Blando y Edwin Blanco.

El fiscal Saravia informó que los riesgos de peligro de fuga y de obstaculización a la de investigación que se realiza en el exfondo Indígena, ha sido el fundamento legal para solicitar la reclusión preventiva.

“Ella ha manejado dos proyectos, como responsable de organización y como representante legal, y (por otro lado) aprobó nueve proyectos cuando era parte del Directorio (del Fondo Indígena)”, explicó.

El pasado 26 de noviembre, Ramos se presentó a declarar en la Fiscalía de La Paz y luego fue aprehendida.

Paolo Gutiérrez, abogado de la exministra Ramos, antes de que se proceda a la instalación de la audiencia cautelar, interpuso un recurso legal de libertad pura y simple, porque cuando las personas están aprehendidas sólo pueden estar en celdas judiciales 48 horas, recurso que fue rechazado por el juez Pinto.

FEDERACIÓN DE CAMPESINAS

En horas de la mañana, la integrante de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, de Tarija, Graciela Vilca, anunció la toma de medidas de presión, en apoyo a la exministra Ramos, porque considera injusta la aprehensión.

Cuestionó las razones por las cuales no se toman las mismas medidas en contra de la dirigente Juanita Ancieta, quien tiene observaciones en los proyectos denominados “fantasmas”, además que se sospecha haya incurrido en corrupción dentro del Fondo Indígena.

ANTECEDENTES

El caso del Fondo Indígena se deriva por un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE), tras una primera fase de auditoría, en la que se establece que hubo daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos, en 153 proyectos que debía administrar el  Fondo Indígena, los que, empero, nunca llegaron a ejecutarse. El caso fue derivado a la Fiscalía, para la investigación penal de los delitos.

Según el contralor Gabriel Herbas, esos recursos fueron desembolsados como parte de pagos anticipados que no fueron usados.

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, afirmó que hubo corrupción en el Fondo Indígena, por lo que procedió a abrir 80 proceso penales: 19 detenidos (12 en la cárcel y 7 con detención domiciliaria) y 5 personas con medidas cautelares.