Gobernaciones rechazan Ley de incentivos petroleros

Representantes de las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija rechazaron ayer la aplicación del fondo de inversión para exploración y explotación de hidrocarburos, que es parte de la Ley de Incentivos Petroleros, porque directamente afecta a los ingresos de cada región, aparte de que la decisión oficial no fue consultada con los gobiernos departamentales. Exigen su revisión e incluso su anulación, al sostener que es atentatoria para las economías regionales.

Gobernadores, representantes de las asociaciones municipales de Bolivia y el Gobierno central celebraron ayer el Consejo Nacional Autonómico para tratar varios temas, entre ellos la modificación del Reglamento Interno del Consejo, conforme la Ley 705; informe de la secretaría técnica del Consejo y próximos pasos en torno al diálogo sobre Pacto Fiscal. Sin embargo, el tema que más preocupa a los gobernadores departamentales es la nueva Ley de Incentivos al sector petrolero.

Entre las autoridades departamentales que rechazan la norma está Kathia Quiroga, quien suple en el cargo a Rubén Costas, que la pasada semana viajó a Alemania respondiendo a invitación de la canciller Ángela Merkel.

SANTA CRUZ

“Nosotros vamos a pedir hoy al Presidente la abrogación de esta ley, vamos a pedir que se la elimine, porque quita recursos a los ítems de salud, educación (…) estamos viviendo una crisis. La Gobernación de Santa Cruz sufrirá la pérdida del 35 por ciento de sus recursos para su próxima gestión de 2016; necesitamos un acuerdo nacional para ver que los recursos lleguen a todas las instancias”, afirmó la gobernadora interina, a su llegada al Palacio de Gobierno.

Informó, además, que mucho antes de la promulgación de esta ley, Costas envió una carta a Morales solicitándole un encuentro del Consejo Autonómico para tratar el tema, sin embargo, la reunión, no se llevó a cabo.

TARIJA

En la misma línea se encuentra el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, quien también rechazó la aplicación de la Ley de Incentivos, porque su texto final no fue socializado con los gobiernos departamentales.

“Nosotros hemos observado el hecho de que esa ley no garantiza la devolución de los recursos, hemos observado que la propuesta original no es la que aprobamos y no estamos de acuerdo con ese proyecto que ya se aprobó y que está vigente”, subrayó.

Oliva dijo también que las sugerencias que hizo la Gobernación de Tarija no fueron tomadas en cuenta.

“Las sugerencias no se reflejan en el proyecto, hemos hablado de una propuesta, nunca conocimos el texto del proyecto,en ese texto que fue observado por nosotros, planteamos modificaciones que no fueron recogidas y, por tanto, no es justo decir que nosotros estamos de acuerdo. Lo estoy diciendo públicamente; no estamos de acuerdo”, afirmó.

La pregunta de OIiva, en relación a los aportes obligatorios al Fondo de inversión para la explotación de hidrocarburos, es si las regiones tendrán de vuelta esos recursos, una vez que las empresas petroleras hayan cumplido su cometido.

“Si se garantizara el retorno (de recursos del Fondo) quién no estaría dispuesto a hacer un sacrificio para que primero se paguen las inversiones que se han hecho y después vuelvan los recursos que se están disponiendo, si ese es el tema”, señaló Oliva

LA PAZ

En tanto, el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que aún no tiene conocimiento exacto de dicha norma, por lo que planteará al Ejecutivo que se informe con más claridad y se debata la aplicación de la norma. Lo principal es conocer la ley, dijo.

«La ley de incentivos ya está promulgada, lo que hay que discutir es de dónde vamos a sacar los recursos faltantes, yo quiero escuchar en primer lugar», explicó.

Sin embargo, el Gobernador paceño adelantó que son alrededor de 14 millones de bolivianos que La Paz tendría que aportar al Fondo de Inversión, dinero que estaba destinado para el pago de prediarios y otros.

Patzi también recordó que con la aprobación de esta norma emitida por el Gobierno central no se toma en cuenta las competencias de los gobiernos departamentales ni regionales puesto que directamente es un mandato sobre la administración de sus recursos provenientes de la explotación hidrocarburífera.

“Incluso estas leyes que están saliendo, están atropellando las competencias departamentales y de las entidades autónomas. Ése también es el tema de fondo”, sostuvo.

En respuesta, el vicepresidente Álvaro García, reconoció que la preocupación de las gobernaciones y de los municipios “es correcta”, porque sus ingresos se verán mermados por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, dijo que para paliar esta situación el Gobierno aprobó “fideicomisos”, por valor de 456 millones de dólares. La medida financiera se adoptó para que los departamentos afectados puedan cumplir sus proyectos, obteniendo créditos del fideicomiso.