Colegios de Abogados toman la iniciativa

La crisis de la justicia llegó a su nivel más bajo con motivo de la denuncia de una persona que hizo conocer que un juez le solicitó 15 mil dólares para resolver a su favor un asunto que estaba en sus manos. Como resultado de ese escándalo el juez y varios funcionarios fueron destituidos y uno de ellos se encuentra en la cárcel a la espera de una sentencia condenatoria.

Ese caso permitió también que salgan a luz otros casos de corrupción que originaron que también fuesen destituidos de sus cargos otros jueces y fiscales, sobre quienes pesan denuncias de extorsión, mala administración de justicia y delitos anexos. Pero aún más, al mismo tiempo fueron destituidos de sus cargos varios jefes policiales con grado elevado, quienes estaban dedicados a actividades de tráfico de drogas y en particular cocaína y a uno de ellos se le encontró varios kilos de ese producto en su domicilio.

Lo más notable de esa situación es que los actores de esos actos de corrupción son altos funcionarios públicos, cuando precisamente las máximas autoridades de Estado protestan contra las irregularidades en la justicia, mientras otros organismos dictan leyes drásticas, se abren las puertas de las cárceles, etc. Es más, en esa supuesta lucha contra el crimen se dicta leyes draconianas que en vez de prevenir la escalada delictiva, pareciera que sirvieran para fomentarla.

En ese contradictorio orden de cosas, para sorpresa general, han sido encarcelados ministros de Estado, senadores, diputados, jueces, funcionarios secundarios de la Administración Pública y entidades autónomas, en particular en el caso del Fondo Indígena que dejó estupefacta a la opinión pública al haber servido esa entidad para un verdadero asalto a bienes públicos por alrededor de cuatro mil millones de bolivianos.

Tan grave nivel de inmoralidad originó que las máximas autoridades del país declaren que la Justicia está “podrida” y en “estado de coma” y que requiere de alta cirugía para sanearla y para lo cual se anunció que se realizaría una “Cumbre judicial” destinada a producir una “revolución judicial”, ninguna de las cuales, sin embargo, tiene ni el menor indicio de realizarse para poner fin a ese estado crítico y todo quedó en buenas intenciones.

Sin embargo, en medio de tan grave ambiente y ofertas que se lleva el viento, el Colegio de Abogados de La Paz, tomando la iniciativa, hizo manifestaciones objetivas para encarar la crisis e inclusive hizo ofrecimientos concretos para que la justicia salga del pantano. Inclusive el Presidente de ese organismo denunció la existencia de consorcios ilegales de “policías, fiscales y jueces”, “grupos corruptos que ganan por inclinar la balanza de la justicia a favor del mejor postor” y “Hay muchos que creen que todo se puede comprar por dinero”, y lo que es peor aún, que la figura de los abogados ha quedado desprestigiada y es como decir “una mala palabra”.

En forma general, la justicia se encuentra en proceso incontenible de decadencia no sólo por la cantidad sino por su cualidad. No obstante su gravedad, tal problema es visto con indiferencia por quienes son los encargados de poner fin a este estado de cosas y cumplir, en esa forma, lo que tan sonoramente ofrecieron en sus campañas electorales.

Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?