Requiere de reingeniería administración de justicia

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, planteó que la administración de justicia requiere de un rápido proceso de reingeniería, en respuesta a la aguda crisis que confronta.

En entrevista que concedió la noche del miércoles un medio televisivo de La Paz, la autoridad formuló su propuesta, como respuesta al último caso de presunto prevaricato en el que habría incurrido la juez Vivian Patricia González, de Santa Cruz, imputada por haber favorecido con medidas sustitutivas a un excoronel de la Policía, a quien se lo encontró en poder de 42 kilos de cocaína. La reclusión de la ex juez se produjo ayer, en el penal de Palmasola, de aquella capital.

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones defensores de los derechos humanos han planteado que la crisis de la justicia sea tomada con mayor atención y responsabilidad por parte del Gobierno. Hasta la fecha no se concretiza la Cumbre de Justicia anunciada por el presidente Evo Morales, hace varios meses.

Ante ese panorama, y los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Santa Cruz, el viceministro Jiménez señaló que llama la atención que de 2600 denuncias presentadas en el Consejo de la Magistratura, en 2014, sólo 395 fueron tramitadas, es decir, un 10 por ciento, pero sólo llegaron al grado de destitución por “falta gravísima” 30. “Todos ellos derivaron en proceso penal, por haberse incurrido en delito penal”.

“Las sentencias disciplinarias son tan mal hechas que la mayoría de estos Jueces volvieron a sus funciones, al recurrir al amparo constitucional. Recientemente fue destituida una juez en La Paz, por falta gravísima,pero al mes volvió al cargo, porque también interpuso un amparo constitucional”, expuso el viceministro Jiménez.

Afirmó que existe negligencia en la tramitación de los procesos disciplinarios, porque del total de procesos, la mayoría se sanciona con amonestaciones, suspensiones de funciones muy cortas y aquellas que llegan a destitución vuelven por vía del Amparo Constitucional, “por lo tanto no existe un mecanismo eficiente para procesar a los malos operadores”.

En su criterio el Consejo de la Magistratura nombra al Juez que luego lo procesa. “Ahí hay una falla institucional”, advirtió. En ese sentido señaló que, se debe avanzar para que sean diferentes instancias, una que nombre jueces y otra que los procese disciplinariamente.