Bienes del Estado para campañas electorales

Denuncias muy precisas de partidos políticos de la oposición sobre el uso de bienes del Estado para las campañas que se realizan para el referéndum del 21 de febrero -denuncias que han sido reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral- muestran cómo se vulnera las leyes que prohíben utilizar dineros y bienes del Estado para actividades proselitistas de los partidos políticos.

Lamentablemente, y desde siempre, se ha denunciado que para muchas campañas electorales, especialmente para las que eligen autoridades, se ha utilizado bienes del Estado; pero también es cierto que esta mala costumbre de la política partidista, se ha incentivado durante el actual Gobierno en que el MAS, aprovechando su condición de gobernante, ha extremado actitudes para utilizar bienes de alcaldías, gobernaciones (prefecturas), ministerios y otras entidades públicas para apoyar las campañas en que se logró resultados a favor del Gobierno y su partido.

El hecho, contrario a la moral y, sobre todo, a las leyes que son claras al respecto, afecta a la moral pública y va en detrimento de los partidos políticos que no se encuentran en la posición oficial de apoyar al Gobierno y sus decisiones. Por otra parte, es jugar con ventaja sabiendo que cualquier acto contrario a cualquier disposición por parte de la oposición será denunciado y, sino es sancionado, por lo menos ha tenido la llamada de atención de la Corte Nacional Electoral en su tiempo y del actual Tribunal Supremo Electoral.

Vivimos en democracia continua desde el 10 de octubre de 1982; pero a pesar de la realización de muchas elecciones y referendos, no se ha sabido actuar conforme a los lineamientos que respeten el sentido y espíritu de los actos electorales; en otras palabras, se ha afectado seriamente al sistema democrático que establece que todo proceso electoral debe realizarse en planos de absoluta libertad e independencia sin recurrir a métodos o sistemas vedados por las leyes y por la moral ciudadana que exige limpieza en todo proceso electoral.

Lo más grave y sensible es que no siempre hay acciones punitivas por parte del TSE contra los contraventores a las disposiciones legales y un ejemplo está en el hecho de que habiendo prevenido el TSE a los partidos políticos que actuaron en anteriores procesos, que limpien el pintarrajeado de paredes públicas y privadas, no se ha cumplido. Reclamos recibidos en el TSE -como en las alcaldías- han sido ignorados totalmente; esto implica, de alguna manera, que tanto el TSE como los municipios no se aferran a sus propias disposiciones al no cumplirlas y sientan antecedentes para que se cometa actos contrarios a las leyes. Es, pues, en el caso concreto de uso de bienes del Estado en campañas político-partidistas, en que el TSE debe actuar con energía sancionando severamente a los violadores de la ley.