Los derechos humanos en Bolivia

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que luego se cambió a Derechos Humanos. Por el Decreto Supremo No. 8.582 se estableció que el 10 de diciembre de cada año, se conmemore el día de los Derechos Humanos.

Esta disposición normativa tiene la categoría de una norma de carácter internacional y, por consiguiente, según la jerarquía de las normas, está por encima de las nacionales y su cumplimiento debe ser tutelado por el Estado, pero resulta que es precisamente el Estado, y en nuestro caso el Estado boliviano, el que más viola permanentemente estos derechos.

En el transcurso de los últimos decenios, los Derechos Humanos han sido incorporados en la Constitución, es decir han sido constitucionalizados, pero además se ha dictado una serie de disposiciones para su ejercicio y protección, como la Ley del Defensor del Pueblo, la que aprueba y ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), hasta la creación de un Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos y una Comisión Interministerial de Derechos Humanos (sin vigencia), y la actividad encomiable de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

La vigencia de los Derechos Humanos tiene una estrecha relación con la democracia como sistema de gobierno y el estado de derecho, como situación política de sometimiento y cumplimiento por gobernantes y gobernados a la ley, de tal manera de garantizarle al individuo la plenitud del ejercicio de sus derechos ciudadanos, civiles y políticos.

Los Derechos Humanos han pasado por tres niveles o periodos de desarrollo, el primero que emergió de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano; el segundo periodo, el que se dio en 1948 en las Naciones Unidas, y el tercero el de este tiempo. Los primeros proclamaron derechos civiles y políticos influidos por el liberalismo; los segundos son los derechos económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación que tienen que ver con el derecho a la paz, el agua, el medio ambiente sano, el acceso a las tecnologías, etc.

Un importante adelanto fue en nuestro país la creación de la Defensoría del Pueblo, influida por la institución del “ombudsman” sueco, que es un funcionario público que debe escuchar, investigar y buscar soluciones a las demandas de los ciudadanos contra organismos estatales y funcionarios. Fue en la reforma constitucional de 12 de agosto de 1994 (primer gobierno de Sánchez de Lozada) que se dio vigencia a nuevas instituciones, como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

No obstante que el instituto de los Derechos Humanos tiene al Estado como al principal defensor y promotor, en la realidad de los países atrasados y en vías de desarrollo, es el Estado mismo, a través de sus instituciones y funcionarios, el que más vulnera los Derechos Humanos, en especial en aquellos regímenes de corte autoritario, que como los alineados en el socialismo del Siglo XXI y el ALBA (ahora en proceso de extinción), ejercitan políticas represivas y anti jurídicas, y violatorias de los Derechos Humanos.

Los presos políticos, exiliados, perseguidos son la nota de los regímenes autoritarios. Las limitaciones a la libre expresión e información; los ataques a la prensa independiente y la adquisición de medios de comunicación al servicio de esos regímenes; la inexistencia de poderes y órganos del Estado independientes y un estatismo exagerado que controla o pretende controlar todo, es su modelo.

En nuestro país uno de los aspectos que afectan a los Derechos Humanos es, sin duda, el acceso a la justicia, que importe garantías plenas de debido proceso, oportuno y eficaz.

Otra limitante a la defensa de los derechos humanos radica en que la Defensoría del Pueblo no tiene mecanismos coercibles para imponer la reparación o rectificación de los derechos afectados por las autoridades públicas, de tal suerte que sus acciones quedan en simples reconvenciones.

Es necesario dar a los Derechos Humanos en nuestro país, la prioridad en su atención y reparación en caso de violación.