Defensoría presentará resolución contra fiscales e investigadores

El representante del Defensor del Pueblo en la urbe alteña, José Luis Hidalgo, informó que, hace un año, el caso de trata y tráfico denunciado por una familia boliviana no logró ningún resultado en el proceso de investigación por parte de funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) o la Fiscalía de El Alto, razón por la que se presentará una resolución defensorial con la finalidad de que se logre un proceso administrativo en contra de todos los involucrados.

Pese a haber solicitado hace más de seis meses informes escritos para conocer el avance de la investigación, además, pese a todos los datos que se tenía en contra de los tratantes, quienes vivirían en la ciudad de El Alto cometiendo el delito de trata y tráfico de personas con el objetivo de llevarlos a Sao Paulo-Brasil, las víctimas deben aún enfrentar problemas de explotación laboral, sexual y tráfico de droga en el vecino país.

Hidalgo lamentó que la denuncia de las víctimas no fuera atendida con profesionalismo ni interés por parte del Ministerio Público, ni por los investigadores.

“Han transcurrido tres fiscales y una cantidad similar de investigadores en el presente caso de trata y tráfico de una familia, donde no sólo fueron vulnerados sus derechos, sino tuvo la familia que retornar al país con sus propios recursos y, pese a la denuncia realizada, la instancia de investigación no tuvo resultado alguno pese a tener todos los datos necesarios descritos por la víctima y la verificación realizada incluso por este medio de comunicación”, detalló.

RECOMENDACIÓN

Una de las principales falencias al interior de la Felcc no es sólo el cambio permanente de investigadores cuando tratan alguna denuncia, sino toda la primera fase de creación del cuaderno de investigaciones que no está foliado, por lo tanto las víctimas corren el riesgo de que se pierdan las evidencias, se entre papeleen o que la misma no tenga consistencia por la forma negligente con la que se llega a manejar este proceso.

Hidalgo recomienda que las autoridades del Ministerio de Justicia reglamenten el procedimiento de investigación, exigiendo que todas las pruebas documentales, materiales que corresponden a las evidencias deban estar foliadas, como ocurre en los juzgados, con la finalidad de que se evite no sólo el extravió de las pruebas, sino que se dé una continuidad legal al proceso. Otra de las falencias que genera la ausencia de normativa en la fase de investigación es que se determine tiempos concretos para el avance del caso, antes de que se haga cargo un nuevo investigador que inicie nuevamente de cero un caso, logrando de esta manera retardación de justicia.

ANTECEDENTES

En la actualidad se identifica dos casos en los cuales el Defensor del Pueblo solicitará la respectiva sanción a los responsables, tanto de la Felcc como de la Fiscalía, quienes no lograron realizar ningún avance de la denuncia, en perjuicio no sólo de las víctimas, sino generando retardación de justicia aspecto que significa una vulneración de los derechos humanos de las personas afectadas, señaló Hidalgo.

Cabe recordar que la denuncia presentada por parte de una familia, que fue explotada laboralmente en Sao Paulo-Brasil, inició la denuncia en la ciudad de La Paz en la Felcc en la gestión del coronel Juan Sanjinés, fue posteriormente remitida a la ciudad de El Alto por pertenencia geográfica Pese a este procedimiento burocrático, la denuncia de trata y tráfico de personas que afectó a una familia, no es investigada permitiendo la impunidad de los tratantes quienes también son vecinos de El Alto.

OBSERVACIÓN

Otra de las observaciones registradas por parte del Defensor del Pueblo se refiere a que la población no puede acceder al derecho de la denuncia como consecuencia por la negligencia y retardación de justicia que cometen algunos investigadores de la Felcc y fiscales de esta urbe, por el proceso burocrático que debe cumplirse con el riesgo de que los afectados sean posteriormente afectados por represalias o venganza de los sancionados.

“Pese a que se trata de un proceso administrativo realizar la denuncia en contra de fiscales e investigadores, para los litigantes se convierte en asumir un segundo juicio en contra de estos dos sectores, ante la retardación de procesos en la primera fase de investigación, aspecto que no debería ser de esa manera vulnerando su derecho a la denuncia”, remarcó.

Hidalgo propone que las denuncias de víctimas de algún delito en contra de investigadores o fiscales debería ser un procedimiento ligero, fácil por ser administrativo, requerimiento que debería ser atendido por parte del Ministerio de Justicia y el propio Poder Judicial, de lo contrario se continuaría con los obstáculos en contra de la población más vulnerable, concluyó.