Descentralización Judicial a través de las Casas de Justicia

II Parte

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón Mondonio, en otro aspecto de su proyecto denominado “Iniciativa Popular Constituyente”, propone descentralizar la justicia en el país, para ello explicó que uno de los puntos claves para el nuevo sistema es organizarlo horizontalmente, sobre todo, descentralizarlo a nivel municipal, a través de las Casas de Justicia, las mismas que en el ámbito municipal estarían situadas cerca de los domicilios de los ciudadanos.

Mencionó que con esta propuesta de descentralización judicial se superarían conceptos de palacios o ciudadelas judiciales que son infraestructuras altamente centralizadas. En cambio, aseveró, con la creación de varias Casas de Justicia en el país se ofrecerá a la ciudadanía una justicia accesible, eficiente y de calidad.

Asimismo, aseguró que la particularidad de éstas es que se caracterizarán por ser multifuncionales, es decir estarán integradas por jueces, fiscales, defensores públicos, árbitros, policías en función judicial, expertos en métodos alternativos de solución y controversia. En suma, conciliadores árbitros, mediadores y peritos forenses que formarían parte de este servicio científico e inclusive estarían integradas por autoridades judiciales indígenas, con acuerdo de sus autoridades naturales, si decidieran utilizar esta infraestructura judicial.

JUZGADOS

CONSTITUCIONALES

“Y por último, estarían los juzgados constitucionales, que se encargarían de revisar todos aquellos fallos o procedimientos que han ocasionado la violación a los derechos y garantías constitucionales, ahora lo más importante de estas Casas de Justicia es que un experto, en métodos alternativos al proceso judicial, recibirá todas las causas y demandas, siendo también el encargado de asignar y distribuir las causas, priorizando la atención de éstas, por medio del arbitraje de la mediación y conciliación, siempre que la naturaleza de estos temas lo permita”, enfatizó.

En ese marco, Alarcón afirmó que así se lograría que la cultura “pleitómana” muy alta, que se observa dentro de la sociedad boliviana, se vaya revirtiendo y decayendo, y que en lugar de que la regla sea el proceso judicial como es ahora, moroso, caro, largo y corrupto, la regla se convierta en un método de solución de controversias.

Dejó en claro que ahí se produciría un avance cualitativo, con la ventaja de que el arbitraje se lo eleve a rango constitucional y que se otorgue a los árbitros plena potestad y capacidad para ejecutar sus decisiones, inclusive de manera coactiva, con del uso de la fuerza pública. “Porque hoy en día uno de los principales problemas que tenemos es que probablemente los mejores fallos o sentencias emergen no de la justicia formal sino de la justicia arbitral, los que se denominan laudos arbitrales”.

Sin embargo, dijo que estos laudos arbitrales para ser ejecutados tienen que recurrir a la justicia formal y que ahí o duermen el “sueño de los justos”, o entran en un peregrinaje que demora hasta años para ejecutar un laudo arbitral y, por tanto, termina careciendo de eficacia; entonces, sostuvo, al tener rango constitucional el arbitraje y plena capacidad de ejecución en los laudos, la justicia arbitral sería completa y quedaría como una respuesta alta para descongestionar a la formal.

También mencionó que lo importante en estas Casas de Justicia es que los jueces estarían distribuidos en función de la división del trabajo y a la especialización profesional, porque se habló ya de que, en lugar de crear la Carrera Judicial, que es verticalista, burocrática y jerárquica, se remplazaría la carrera judicial por la capacitación y experiencia judicial.

En ese marco, los jueces serían sometidos a cursos intensivos de capacitación, acordados con universidades nacionales e internacionales. Estos jueces, altamente capacitados y especializados, se encargarían del servicio en las Casas de Justicia.

PRESUPUESTO PARA

CASAS DE JUSTICIA

“Para garantizar que estas de Casas de Justicia abastezcan el servicio judicial, se requiere un presupuesto importante, se requiere que el sistema de justicia deje de ser la cenicienta, como lo es ahora, entre todos los órganos del Estado, por lo que debiera tener una envergadura de efectivo órgano de poder del Estado, a la par de los otros órganos, como el Ejecutivo, el Legislativo y el electoral.

Para eso, la propuesta es que se garantice un 10 por ciento de los ingresos del Tesoro General automáticamente, recursos que serían entregados a las Casas y, por ende, al sistema de justicia. Y si se requiere más presupuesto, el Estado estará obligado a desembolsar más ingresos.

“Con ese 10 por ciento constitucionalmente garantizado, la cenicienta se convierte en princesa, porque se podrán crear todas las Casas de Justicia que se necesiten, de acuerdo a la carga procesal de cada municipio”.

Alarcón sostuvo que hoy en día se observa una total insuficiencia de jueces, fiscales y policía en función judicial y que inclusive hay casos donde un juez tiene a su cargo una enorme cantidad de procesos, siendo humanamente imposible atender esa carga procesal, porque de no atender en plazos cortos, el juez es sancionado por el Consejo de la Magistratura.

“CIRCULO VICIOSO”

Esto es un “círculo vicioso”, porque cuando se sanciona y suspende al juez, en lugar de mejorar la mora judicial, ésta va declinando en calidad y honestidad, porque se disminuye un juez del sistema, debido a que está castigado, ingresando de ese modo en ese “circulo vicioso”, pues cada vez hay menos jueces para atender más cargas y expedientes.

De esta manera, con ese 10 por ciento del ingreso presupuestario de la nación, el denominado Tribunal Notable de Méritos y Castigos se encargaría de establecer la cantidad suficiente y necesaria de esas Casas de Justicia en todo el país y que las mismas funcionen con toda la estructura y equipamiento actualizado, a la par de otros países del mundo más avanzados en el tema judicial.

“Se encargaría también de gestionar toda esta metodología de capacitación, y sobre todo, de jueces, y administraría autónomamente este presupuesto, inclusive fijando las remuneraciones de los jueces, que tendrán que salario igualitario. Con eso, se va tener una justicia de calidad en cualquier rincón de Bolivia”, precisó.

PROYECTO DE INICIATIVA POPULAR CONSTITUYENTE

PARA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN*

REFORMA DEL TÍTULO III DE LA SEGUNDA PARTE DE

LA CONSTITUCIÓN, ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

II PARTE

IV. Como elementos auxiliares del Sistema Judicial se establecen la Defensa Pública y el Servicio Científico de Procesamiento de Pruebas Forenses, que serán organizados y regulados por ley y financiados con asignaciones que disponga el Tribunal de Méritos y Castigos calculadas sobre el presupuesto general judicial.

La Defensa Pública estará compuesta por abogados con especialidad en Derecho Penal y Administrativo y tendrá por misión la defensa judicial de los imputados por delitos y de las víctimas de delitos y de sus familiares más cercanos que carezcan de recursos económicos para pagar un abogado particular y la defensa administrativa y judicial de derechos colectivos y/o difusos de personas afectadas por servidores públicos y particulares que carezcan de recursos económicos para pagar un abogado privado.

El Servicio Científico de Procesamiento de Pruebas Forenses estará compuesto de científicos y técnicos en distintas áreas del conocimiento y tendrá por misión el procesamiento científico de las pruebas que se utilicen en procedimientos administrativos y procesos judiciales, estarán al servicio de las dos partes en conflicto, para el esclarecimiento objetivo de la verdad, y en materia penal podrán ser requeridos tanto por la policía en función judicial, el Ministerio Público y el querellante, así como por el imputado y los abogados a cargo de su defensa.

V. De acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio público de justicia el Tribunal de Méritos y Castigos podrá crear jurisdicciones especializadas.

VI. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.