El viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, René Martínez, afirmó ayer que la justicia boliviana se encuentra atravesando una crisis estructural profunda tras las recurrentes denuncias de retardación y de corrupción que salpicaron en las últimas semanas a jueces, fiscales y otros operadores de justicia.
“El eslabón más débil que hay en este momento es la justica, hay una crisis estructural profunda en todo el sistema judicial en el país”, remarcó a Radio Panamericana de La Paz.
A su juicio, esa crisis “profunda y estructural” de la justicia es un tema pendiente que se debe encarar con urgencia en la próxima gestión tomando en cuenta además que está diferida la Cumbre Nacional de Justicia.
Consideró que el “eslabón más débil” del proceso de cambio es la crisis de la justicia que ha tocado todas las esferas del Órgano Judicial, desde el Consejo de la Magistratura, jueces, fiscales y auxiliares.
“Es hora de tener una justicia que esté a la altura del Estado Plurinacional y entendemos que es hora de culminar para poder tener los cimientos básicos, para tener un sistema de justicia bueno, y este es un desafío de todos”, refrendó.
El Viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina coincidió con las apreciaciones del presidente Evo Morales que el pasado sábado en una evaluación con las seis federaciones del trópico de Cochabamba y otras organizaciones sociales reconoció que la justicia “es lo peor” dentro de las estructuras del Estado.
DESAFÍO
La justicia y la corrupción son las debilidades del gobierno del presidente Evo Morales, reconoció el sábado el mismo Primer Mandatario, junto a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Tanto el Jefe de Estado como los cocaleros de esa región llegaron a esta conclusión, tras evaluar los diez años de gestión del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Morales señaló que son temas pendientes.
"Cuestionaron a la Justicia (y) es un tema pendiente (...) mediante la Ministra de Justicia (Velasco) se está debatiendo", señaló el Presidente.
Dentro de la corrupción se trató el caso del ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario (Fondioc), por el que se estima un daño económico al Estado de cerca de 200 millones de bolivianos por proyectos no concluidos y Bs 14 millones por proyectos "fantasmas".
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