Consorcios de abogados

Dentro del tan mentado tema de la corrupción y como un componente esencial de dicha temática, ha salido a relucir la labor de algunos malos abogados que agrupándose con vocales, jueces, fiscales y policías en una franca asociación criminal han conformado lo que se conoce como consorcios de abogados, a través de los cuales se procede a subastar la justicia al mejor postor, asegurando los resultados de los procesos a cambio, por supuesto, de una jugosa remuneración.

Es un secreto a voces la existencia de dichas asociaciones criminales, tal es así que el propio Presidente del Colegio de Abogados de La Paz de manera pública y reiterada ha hecho conocer la existencia documentada de más de 20 de dichas organizaciones dedicadas a la corrupción, es más, ha asegurado que la lista de dichos consorcios había sido enviada a la entonces ministra de Lucha Contra la Corrupción, Dra. Nardy Suxo; del mismo modo el Ministro de Gobierno ha reconocido la existencia de dichos consorcios y agregó que se estaría investigando a los mismos, dando cuenta que sabe quiénes los componen.

Bueno, si todo el mundo sabe de la existencia de esas organizaciones criminales e incluso hay una lista de ellas que identificaría a sus componentes, ¿por qué no se hace algo al respecto? Ya debería haberse publicado esa situación en aplicación de los principios administrativos de transparencia y publicidad.

Si las autoridades llamadas por ley, como el Ministerio de Lucha contra la Corrupción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno están conscientes de que existen esos grupos delictivos y que están ya identificados, resulta extraño, no menos sugestivo y altamente sospechoso que nada se haga al respecto, máxime si es su primaria obligación tomar drásticas medidas para luchar contra esa lacra.

La injustificada e incomprensible pasividad de dichas autoridades ante la evidencia de semejante acto de corrupción ya adquiere ribetes no solo de connivencia ilícita sino de complicidad y encubrimiento, pues no otra cosa significa que a pesar de saber que diariamente se está cometiendo delitos de corrupción e identificados sus autores, no solo no se haga algo, sino que se impida a otras instancias hacer algo, pues si las autoridades llamadas por ley nada hacen, el ciudadano común no puede tomar la ley por sus manos, ni siquiera denunciar, pues fácilmente se pasa de denunciante a denunciado.

Utilizando el método deductivo de descarte al respecto de la inacción del Gobierno e instituciones para realizar las denuncias, solo caben las siguientes opciones:

La primera, que ni el Gobierno ni el Colegio de Abogados saben algo acerca de los consorcios de abogados, que dicen saber, haciendo un show mediático para hacernos creer que luchan contra la corrupción, lo que no es creíble porque ese hecho es un secreto a voces.

La segunda, que el Gobierno y las instituciones de abogados estando conscientes de la existencia y funcionamiento de esas organizaciones criminales no las combaten porque simplemente forman parte de ellas.

Y finalmente, que dichas organizaciones sean tan poderosas que hagan callar al mismo Gobierno e instituciones civiles y a cuanta autoridad se le ocurra la alegre idea de denunciar, en cuyo caso estaríamos frente a autoridades incapaces y cobardes.

Con esas dos únicas opciones y sea cual fuere el caso, la existencia de dichas organizaciones criminales es un hecho cierto y verdadero, y habiendo transcurrido demasiados días sin que el Gobierno o instituciones civiles hayan formalizado las denuncias correspondientes, como era su primer deber, entonces queda claro que no solo tenemos funcionarios públicos ineptos y en su caso hasta cobardes, aparte de corruptos, sino que también formarían parte de dichas organizaciones criminales en el entendido de que los delitos, en grado de co-autoría, también se los comete por omisión.