Reclusos deben pagar Bs 400 o robar autos para tener celda

La familia de un joven detenido preventivamente, por un supuesto delito de violación en la provincia Pacajes, denunció que internos del penal de San Pedro obligan a los reclusos a cancelar por mes Bs 400 bolivianos, para lo que, como alternativa al pago, les ofrecerían trabajos de robo de vehículos a sus familiares.

RELATO

Según el relato de la familia afectada, en pasados días el padre del joven, quien es menor de edad, fue detenido de forma preventiva, porque el acusado de la vejación se encontraba en el cuartel y el progenitor fue tomado preso como responsable de las acciones de su hijo.

A su ingreso al penal, se le exigió el pago por la celda, sin embargo, el padre se negó, hecho por el que varios internos le propinaron una golpiza que lo dejó en malas condiciones de salud; el afectado, al momento, no logra recuperarse para poder reincorporarse a sus actividades laborales.

Luego que el joven fue detenido y remitido a la ciudad de El Alto, bajo la acusación de violación, la familia no pudo realizar el pago a un abogado para su defensa, lo que concluyó con la detención de aquel en el penal de San Pedro.

A su ingreso al reclusorio, los encargados de las celdas le dieron la opción del robo en caso de que no pudiera cancelar el monto establecido.

“Ya no sé qué hacer, he vendido todo en mi comunidad para que mi esposo salga, pero ahora es a mi hijo que está detenido que le están pidiendo la suma de Bs 400 por ocupar un espacio en una celda, cada mes debe pagar este monto y nosotros ya no sabemos qué hacer, ni de dónde conseguir dinero”, explicó Margarita, madre del joven, quien en su desesperación logró que un medio radial hiciera una colecta para que pueda retornar a su comunidad.

En el penal de San Pedro, de acuerdo con la familia del privado de libertad, quien gobierna no es la Policía ni el Ministerio de Gobierno, pese a recibir recursos de pre-diario y estar en un espacio del Estado, son los internos organizados quienes buscan la manera de seguir cometiendo ilícitos, como el alquiler irregular de celdas o la presión a los reclusos para involucrarse en hechos delictivos en su ciudad.

DEFENSORÍA

Al respecto, el representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, confirmó como cierta la denuncia de la madre del joven privado de libertad, indicando que, pese a las reclamaciones que presentaron a Régimen Penitenciario, nunca se hizo nada, por lo que, implícitamente, permite que la tortura y la comisión de otros delitos se logren desde ese penal.

“Se ha pedido al Gobierno una intervención por la serie de denuncias que no sólo provienen de San Pedro, sino del penal de El Abra o Palmasola, sin que exista resultado alguno para impedir que esta extorsión persista. Los privados de libertad son quienes gobiernan y no así Régimen Penitenciario, es por eso que existen precios de todo, tanto para el privado de libertad, así como para las visitas, las que deben pagar por el taxi (persona que busca al familiar), incluidos los productos, celdas, ropa, entre otros”, indicó la autoridad.

Si bien el representante del Defensor del Pueblo puede realizar algunas diligencias en beneficio del joven, existe el riesgo de que los internos en San Pedro busquen vengarse de él y no sólo dejarlo mal herido, como ocurrió con su padre, sino confrontar algo peor.

En cuanto a obligar a los internos a cometer otros delitos, como mecanismo para conseguir dinero y pagar sus celdas, entre otros gastos, Hidalgo asegura que este modo de operar de los internos en San Pedro no es una novedad, pero, pese a “institucionalizarse” la ilegalidad, las autoridades de Gobierno no lograron modificar este ilícito en nueve años; sólo permitieron que otros internos salieran beneficiados con el indulto.

“Es verdad, no es novedad, es por eso que decimos que no existe restructuración en las políticas del Régimen Penitenciario, ni políticas que se lleven adelante para acabar con la delincuencia entre los propios recluidos”, afirmó.

RÉGIMEN PENITENCIARIO

EL DIARIO tomó contacto con Jorge Caro, responsable de Relaciones Públicas de Régimen Penitenciario, quien dio a conocer que su persona no puede proporcionar ningún dato sobre el tema y que el director de la dependencia es la única persona autorizada para hablar con la prensa.

Al solicitar el teléfono de contacto con la autoridad, éste negó poder proporcionar el número, dado que se encontraba fuera del departamento y no tenía acceso al dato solicitado.