No se podría asegurar que fue el “escándalo del siglo”, sino solo el “escándalo del año”, el caso de corrupción destapado por una investigación de la Contraloría, en el Fondo Indígena (Fondioc, por sus siglas), el más espectacular en un organismo estatal, delito que reveló la repartija de una enorme cantidad de fondos públicos entre un puñado de funcionarios de organizaciones indígenas.
El asunto fue denunciado a principios de año y se mantuvo entre las principales noticias y comentarios de todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, causando al mismo tiempo desprestigio extraordinario tanto a los mecanismos estatales como a los implicados en el bullado caso de corrupción.
En forma concreta, el Fondo Indígena -integrado por representantes de diversos sectores sociales y cinco ministerios- aprobó la realización de 3.177 proyectos de obras en las zonas rurales del país. De ese total, 1.100 proyectos recibieron importantes desembolsos de fondos, mientras otros 2.077 no obtuvieron ese beneficio. Al respecto, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó en la Cámara de Senadores que el Fondo Indígena recibió del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), desde el año 2006 hasta el 2014, el cuantioso monto total de 3.197.482.681 bolivianos.
De ese capital el Fondo Indígena desembolsó 729 millones de bolivianos en cuentas particulares de los representantes de cada proyecto. Fue entonces que saltó el escándalo, pues la intervención oficial informó de un daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos “fantasmas” y 713 inconclusos, sin que se pueda saber qué ocurrió con el saldo de los restantes 2.400 millones, o sea el 78 por ciento del total.
El escandaloso caso de corrupción y grave daño a la economía nacional empezó a ser investigado y varios personajes políticos fueron objeto de estudio y puestos tras rejas, entre ellos ex ministros de Estado, senadores, diputados y funcionarios públicos. Es más, se llegó al extremo de poner fin a la existencia del Fondioc, la anotación preventiva de bienes inmuebles de los inculpados, devolución de los fondos y otros. Así mismo, se informó sobre la ampliación de las investigaciones a otros responsables de la Dirección del Fondo Indígena, entre ellos a su principal responsable, Nemesia Achacollo, que se vio obligada a renunciar al cargo de Ministra de Desarrollo Rural.
La magnitud del “caso Fondo Indígena” llevó ya a la cárceles de San Pedro y Obrajes a por lo menos 24 exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena, entre ellos Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, los dirigentes indígenas Félix Becerra, Damián Condori y la exministra Julia Ramos.
A medida que pasan los días, el escándalo de corrupción del Fondo Indígena sigue creciendo y cual caja de Pandora, va revelando detalles verdaderamente increíbles que hacen de este asunto uno de los más graves, entre varios ocurridos en la vida económica del país. Sin embargo, pareciera que este asunto podría quedar relegado a segundo plano por intereses oficiales, mientras el caso del lago Poopó, para el cual se había destinado 200 millones de dólares, empieza a ocupar el primer plano de ayuda europea, destinada a evitar su desecación, y que sirvieron, más bien, para que ese lago desaparezca.
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