Decreto de necesidad y urgencia
• El nuevo Gobierno promete someter el asunto al Congreso, tras el receso, en marzo
El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, echó por tierra ayer uno de los emblemas de la política kirchnerista, la ley contra la concentración de medios audiovisuales, la que obligaba a desinvertir al principal grupo de prensa del país, Clarín. Por quinta vez, en apenas tres semanas de gobierno, Macri recurrió a un decreto de necesidad y urgencia, en lugar de buscar el consenso del Congreso, donde su coalición, Cambiemos, se encuentra en franca minoría. En este caso, su jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, anunció el decreto por el que se liberalizarán y convergerán las telecomunicaciones y la televisión de pago en Argentina.
NORMA KIRCHNERISTA
La ley de medios audiovisuales había sido impulsada en 2009 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el inicio de su pelea sin cuartel con Clarín. Aunque la norma obligaba a varios grupos a desinvertir, el principal perjudicado era el grupo al que el kirchnerismo convirtió en su principal enemigo político, el conglomerado propiedad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. La norma, aprobada con el voto de parte del progresismo, limitaba la cantidad de medios por grupo.
Además, impedía que las operadoras de televisión de pago, como la de Clarín, ofrecieran telefonía y que las telefónicas dieran el servicio televisivo. El grupo de Noble y Magnetto recurrió a la justicia con el argumento de que la ley limitaba la libertad de expresión, pero la Corte Suprema de Argentina la consideró constitucional. De todos modos, el conglomerado había conseguido hasta ahora recursos de amparo judiciales para retrasar su desinversión.
El kirchnerismo también reguló por ley el negocio del papel de periódicos, en el que Clarín es el principal accionista, y promovió que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le rescindiera el contrato de televisación de la Primera División. A su vez, promovió en 2014 una ley de telecomunicaciones que permitió, aunque con restricciones, que compañías como Telefónica y sus rivales ofrecieran televisión por cable, pero siguió prohibiendo que Clarín y sus competidores ingresaran al negocio de las telecomunicaciones.
"COMUNICACIÓN DEL SIGLO XXI"
"Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo y comienza una política pública de comunicación del siglo XXI”, anunció ayer el jefe de Gabinete de Macri. Además, Peña prometió que el nuevo Gobierno argentino promoverá la “competencia, calidad y diversidad", tres banderas que también decía sostener el kirchnerismo con su ley de medios.
El decreto del jefe de Estado dispone diversos cambios. Por un lado, las telefónicas podrán ofrecer televisión y se espera que las operadoras de TV por cable puedan entrar al negocio de las telecomunicaciones. En segundo lugar, la televisión por cable deja de estar regulada por la ley de medios, que impedía que una empresa estuviese presente en más de 24 ciudades, y queda bajo la jurisdicción de las telecomunicaciones. En tercer término, autoriza la compraventa de licencias de emisoras de radio, canales de televisión y operadoras de televisión de pago. Hasta ahora, los grupos que querían desprenderse de licencias debían devolvérselas al Estado para que las subastara otra vez. En cuarto lugar, promete fondos para ayudar a medios pequeños, incluidos los de cooperativas y universidades, a los que el kirchnerismo pretendía promover con la ley de medios.
La liberalización del sector ha provocado el inmediato rechazo del kirchnerismo, que ha perdido el control de la Cámara de Diputados pero mantiene el del Senado. Sobre todo se cuestiona que Macri recurra a un decreto para cambiar la ley.
El nuevo Gobierno promete someter el asunto al Congreso en marzo, cuando acabe el receso legislativo del verano austral. En este tiempo aspira a conseguir aliados en la Cámara de Diputados, entre peronistas antikirchneristas y progresistas, y en el Senado, entre algunos que hasta ahora se mantienen fieles a la expresidenta.
Más tarde, un juez argentino ordenó al Gobierno de Mauricio Macri abstenerse de “suprimir o afectar derechos” al ente regulador de medios, oficina que quedó recientemente en el centro de la polémica tras la decisión del Ejecutivo de crear un nuevo organismo que absorba esa función, de acuerdo con Efe.
La decisión judicial llegó después que el Gobierno adelantara que Macri firmará un decreto para crear un nuevo organismo que absorberá la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic), organismos creados por las leyes kirchneristas para regular medios y telecomunicaciones. (EL PAÍS de España y EFE)
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