Hacia el séptimo año

Las audiencias del Juicio del Siglo deberán reiniciarse esta semana tras una sucesión de incidentes y altercados que exhibieron debilidades de la justicia y agregaron sombras a un proceso tambaleante y de escenas surrealistas, en camino al séptimo año desde el episodio sangriento que marcó su inicio. Si podrá ser restablecido el orden y la rectitud esenciales es una pregunta cuya respuesta positiva o negativa podría asomar al levantarse el telón de las sesiones mañana lunes.

Han quedado anotados como elementos salientes de las últimas audiencias algunos de los episodios previos al receso que concluye este lunes. Los cuestionamientos que la defensa consideró como inquisitoriales del fiscal principal a una testigo sobre su grado de educación; la declaración de que, a sus ojos y oídos, una de las jueces parecía tener “algún interés” en el caso, lo que la convertía en “presidente paralelo”, y la respuesta de ésta de que el magistrado quería obligar a las jueces ciudadanas a decidir lo que a él le parecía, enturbiaron el curso del proceso.

En una cadena de incidentes durante una de las audiencias, uno de los acusados observó que ni siquiera el presidente de la República tiene potestad para torcer la decisión de un juez y que las jueces ciudadanas deben ser respetadas y protegidas; uno de los abogados defensores censuró al fiscal y reafirmó la confianza de los acusados en que los jueces actuarían con idoneidad en el mayor juicio penal de la historia nacional, y la autoridad del Ministerio Público dijo que desde su ubicación en la sala de audiencias escuchaba a una de las jueces ciudadanas cuchichear con la otra y les dijo que no estaban trabajando. Otro fiscal acusó al juez de no ordenar el proceso de acuerdo con normas y planteó que los jueces técnicos flanqueen a las ciudadanas, lo que obstaculizaría el contacto directo entre ambas. Todo esto en solo un par de horas de audiencia.

Nada en las últimas semanas pareció contribuir a prestigiar al proceso que desde 2013 tiene sede a Santa Cruz. Entre sus acusados se encuentra el militar que comandó la única batalla decisiva vencida por el ejército boliviano en el siglo pasado. Ex embajador en Inglaterra y México y declarado Héroe Nacional por el congreso, sobre él ahora pesa el cargo de conspirar para dividir a Bolivia. El tribunal ha dado curso a la hipótesis acusatoria de que el general Gary Prado Salmón preparó documentos sobre temas nacionales para quienes son acusados de conspirar para la división del país. Pero la autoría es todavía un misterio, pues no hubo ninguna pericia legal para determinar si en efecto salieron de la computadora del militar. Las que contenían la supuesta documentación fueron abiertas sin presencia de autoridad judicial alguna, en acto que la defensa acusa de ilegal.

El autor de la tesis de separatismo está refugiado en Brasil, tras haber confesado que gran parte de su querella fue producto de presiones políticas del gobierno para noquear a la dirigencia cívica de Santa Cruz. El tribunal se ha negado a aceptar como prueba del juicio la confesión del Dr. Marcelo Soza Álvarez. El ex fiscal es acusado de extorsionar a algunos de sus acusados y es enjuiciado por prevaricato.

Esas condiciones no han alterado la calidad del alegato que presentó al abrir la causa hace cuatro años. Media docena de acusados logró la libertad en 2015 al obtener penas equivalentes a sus años de prisión luego de admitir delitos que siempre negaron.

El juicio en curso es de los más dilatados de la historia. Sus años ya le confieren un récord entre los más prolongados, con procesos adicionales en Europa y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos capaces de convertir a los acusadores en acusados.

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