Pide garantizar derechos humanos
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado oficial, pidió al Gobierno asumir las decisiones y políticas en un ámbito de respeto a los derechos humanos, para garantizar su vigencia y evitar la vulneración de los mismos, debido a que actualmente se debilita la democracia.
Para esta gestión, los desafíos deben ser mejorar los indicadores cuantitativos y cualitativos de los derechos económicos, sociales y culturales, señala parte del comunicado.
Para la Defensoría es evidente que hay aspectos sustanciales que no han tenido los avances que se quieren y que incluso muestran retrocesos muy preocupantes.
Sin embargo, “el aspecto más preocupante, lo constituye la imposición de un modelo basado en el desarrollismo a ultranza que reproduce y fortalece el colonialismo capitalista, que a su vez contradice lo que habíamos decidido construir tras la histórica Asamblea Constituyente”, se dice.
“Se puede observar la sistemática afectación de los derechos de los pueblos indígenas, además de haberse vulnerado directamente con la decisión de eliminar la cualidad de áreas protegidas de sus territorios (…)”, añade.
“Estas acciones pueden acelerar la desaparición de los pueblos y naciones indígenas altamente vulnerables, si no se actúa tan pronto como la historia nos exige”.
Por otro lado, afirma que se han impuesto mecanismos de control incluso sobre las organizaciones sociales, cuyas dirigencias responden también a la actual gestión política, y han abandonado toda forma de lucha por los derechos de los sectores a los que representan, tornándose contradictoriamente en brazos operativos del partido que ejerce el poder.
La suma de todos esos “mecanismos”, junto a una “sobrerreacción sistemática de algunas autoridades y presión ejercida contra medios de comunicación o periodistas que cuestionan decisiones o medidas que se toman desde el gobierno central”, están generando, “un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia” del país, dice el documento.
OTRAS PROBLEMÁTICAS
La salud y el crecimiento económico continúan siendo un privilegio de pocos y el tormento de muchos sectores sociales; el empleo es altamente precario y las grandes cantidades de jóvenes que ingresan al mercado laboral no tienen oportunidades para acceder a un trabajo estable que les garantice una vida digna.
En este escenario, uno de los mayores desafíos para el Estado en la presente gestión tiene que ver con la decisión que tome el Gobierno respecto a la vigencia institucional de la Defensoría del Pueblo, lo que este año deberá reflejarse en la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo y la aprobación de la nueva ley de la entidad, habida cuenta que la gestión actual finaliza su mandato en mayo de 2016.
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