Nadie puede ser ajeno a la acción de las leyes

Muchas veces, por el comportamiento político de quienes alcanzaron poder o influencia o cuentan con altas situaciones a las que se cree poseedoras de inmunidad, se observa la presencia de consentidos obnubilados por lo que tienen o son, que cuando cometen faltas o delitos creen que la ley no les alcanza, que no puede tocarlos tan solo debido a que tienen poder.

Esta es una realidad en todo el mundo y nuestro país no ha sido ajeno al fenómeno; por el contrario, han abundado personajes que creyeron ser inalcanzables para la acción de las leyes. Muchas veces, tan solamente el poder político ha sido medio para cometer impunemente faltas o delitos atentatorios contra la Constitución, las leyes vigentes y los derechos ajenos.

No han faltado criterios que sostenían la urgencia de dar validez a la impunidad parlamentaria y que sea extensiva a los más altos cargos, hasta los de ministros de Estado o miembros del Poder Judicial. Es inaplicable la pretensión, porque si bien los miembros del Poder Legislativo tienen inmunidad, solo es como garantía de que nadie, ningún otro poder o institución alguna pueda demandarlos por comportamientos u actos que sean efecto del cumplimiento de sus deberes y funciones de servicio al pueblo mediante labores de legislación y control que, como legisladores, pudiesen cumplir en bien del país. La inmunidad parlamentaria no es aplicable, pues, para los actos cometidos en violación de la Constitución y las leyes y mal puede ser aplicada a dignatarios de Estado u otros miembros del poder constituido y, peor, del partido gobernante.

Otro ejemplo digno de ser tomado en cuenta es el hecho de que dictadores o tiranos que se hicieron del poder mediante golpes o acciones condenadas por la Constitución y las leyes, crean que, por el poder que detentan, “nadie puede tocarlos porque lo que hacen es en pro del país”, un modo de ocultar o disfrazar delitos y faltas cometidos por el uso indebido del poder político y económico que solamente el derecho de la fuerza pudo otorgarles en detrimento de la fuerza del Derecho.

En los últimos tiempos, se presentan casos en los que, sin pregonarlo, funcionarios o ex–miembros de cualquiera de los tres poderes del Estado o porque pertenecen al partido gobernante creen que “nadie puede tocarlos por contar con el apoyo de quien está muy arriba” o tan solo en situaciones donde el poder se cree que puede obrar impunemente. Son posiciones totalmente arbitrarias y contrarias a las leyes que nadie puede socavar y menos incumplir.

No faltan los que creen que “se puede dictar leyes o disposiciones que amparen y cuiden el futuro de quienes cuentan con poder”, pretensión que, por arbitraria, no solamente merece rechazo sino condena por parte de la colectividad y del mismo Gobierno, que está obligado a no permitir que intereses subalternos creen condiciones ilegales para evitar la acción de las leyes.