Para una transformación de la justicia


 

El consenso general es que la politización de la justicia ha traído muchos de sus males. Si partimos del supuesto de que existe verdadera voluntad política del Gobierno para encarar este primordial problema nacional, debemos suponer también que le asiste la debida seriedad que implica descartar una “cumbre”, si el deseo de transformación de la justicia es sincero. Experiencias parecidas demuestran que las “cumbres” realizadas a nada condujeron; ejemplo, las seis sobre seguridad ciudadana. Este tema tan crucial debe desterrar todo vestigio demagógico. En 4 o 5 días de debate entre personas y organizaciones que no conocen a fondo el problema ni los medios adecuados de solución, no se hará otra cosa que generar una nueva frustración.

La opinión pública no debe caer en el engaño de que una cumbre es la tabla de salvación. Si el “cuoteo” partidista ahondó la situación, el “cuoteo” de los movimientos sociales la profundizó. La politización de magistrados y jueces trajo consigo la corrupción, la retardación y fue el caldo de cultivo de los “consorcios”. Estas designaciones deben escapar tanto del voto popular como de la elección por los diputados y senadores, ambos son irremediablemente políticos.

La justicia y su transformación es un tema especializado que deben tratar los entendidos y deben hacerlo en etapas sostenidas. Se debe pensar en un conjunto idóneo y libre de presiones. Necesariamente se deberá convocar a abogados probos y reconocidos socialmente, a académicos que merezcan este título, a representantes de las universidades públicas y privadas, asociaciones de periodistas, de Derechos Humanos y otras respetables. Las conclusiones obtenidas tendrán que pasar por una revisión de los abogados que ya dieron a conocer sus planteamientos de reforma judicial. Lo anterior no significa, de ninguna manera, no tomar en cuenta la opinión de los sectores sociales en general.

Es obvia la convocatoria a los Colegios de Abogados, aunque la reciente identificación del Colegio de Abogados de La Paz con el partido de Gobierno malogra en cierta medida la participación de un ente importante. Ahí radica lo pernicioso de una actitud tan sorprendente, influida tal vez por factores personales. Afortunadamente, subsiste el resto de integrantes departamentales de este gremio tan concernido con la problemática de la justicia. La composición aquí propuesta parece ser el único camino a seguir debido a la magnitud, gravedad y complejidad del tema que compromete a la sociedad en su conjunto y el destino nacional.

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