José R. Ocampo Castrillo
Para exigir derechos, primeramente debemos cumplir con las obligaciones. Los transportistas del servicio público continúan con medidas de presión para que se le autorice el alza de tarifas.
El Gobierno Municipal tiene que seguir manteniendo su posición de no acceder, mientras la mal llamada organización sindical no cumpla con su obligación de prestar un excelente servicio al ciudadano, que es quien les proporciona trabajo y sustento diario.
No se puede continuar con la anarquía y capricho del sector. Vayamos por partes; ellos son los que fijan rutas de circulación, sin ninguna base técnica, solo al calor de la relación amistosa y conveniencia de los que ingresan al servicio, previo pago de una cuota que no se sabe a quién beneficia. Jamás han mostrado un control interno del cumplimiento de las rutas, paradas y horarios. El usuario está librado a su suerte, prácticamente, todo el día. Se comprometieron a entregar un estudio técnico económico al municipio; no lo hicieron. En ningún caso han mostrado el control de los vehículos para que cumplan las condiciones técnicas, horarios y mantenimiento de las rutas fijadas. La calidad del servicio es por demás desastrosa en cuanto a seguridad, comodidad, estado técnico correcto en el mantenimiento mecánico y limpieza de los mismos.
Mientras no mejoren el servicio, el Gobierno Municipal debe ponerse fuerte y no aceptar amenazas ni mucho menos bloqueos de las calles, en defensa de los ciudadanos.
También hay que aceptar que es tarea del municipio el elaborar el estudio de tráfico y vialidad, tarea inicial de cualquier planificación urbana. Las vías son de propiedad de los ciudadanos, administradas por el municipio y su tarea es planificar el transporte urbano y no dejar al capricho de un grupo de anarquistas agrupados en los mal llamados sindicatos. El sindicalismo está reconocido por la CPE para el sector trabajador asalariado; donde existe una parte patronal y otra laboral, sometidas a la Ley General del Trabajo.
El estudio de tráfico y vialidad, se lo ha reiterado, determina las líneas (rutas), paradas y tarifas fijas. Ese es el estudio que debe elaborar el municipio, de lo contrario jamás se solucionará el problema que aqueja, en gran medida, a las ciudades de La Paz y El Alto. El transporte urbano no es sindicalizado, tiene carácter empresarial por la intervención de los propietarios de vehículos que prestan el servicio. Los municipios deben armar un equipo de profesionales especializados en los diferentes temas urbanos para elaborar el estudio y de una vez poner fin al sufrimiento de los ciudadanos.
Si el transporte fuera municipal, los conductores son los trabajadores asalariados y el municipio la parte patronal; entonces sí debe haber sindicato de choferes, porque los vehículos son propiedad municipal.
Resumiendo, si los transportistas agrupados en sindicatos, que no es correcto, son empresarios, que cumplan primero con su obligación de brindar un excelente servicio, para negociar cualquier alteración de las tarifas oficiales, previo consenso con las agrupaciones ciudadanas.
Con este estudio, se establece las normas y reglamentos. La Dirección de Tránsito es la que administra el cumplimiento, ejecutando las sanciones ya establecidas.
La ciudad, es un ser vivo; las vías son las venas por donde circula la sangre (peatones y vehículos). Su funcionamiento, planificado, dará la calidad de vida a sus habitantes. Los citadinos de La Paz, vivimos con un permanente y alto estrés. Los problemas internos de los hogares paceños se deben exclusivamente a este fenómeno.
Señor Alcalde, por favor, líbrenos de una vez de este tormento.
El autor es Arq. Urb.
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