Apenas iniciado el 2016, una espada de Damocles pende sobre la cabeza de los contribuyentes paceños del Tesoro Municipal, por un posible incremento a los impuestos de inmuebles y vehículos, tal como ha empezado a difundirse para preocupación general. El argumento esgrimido es que durante los últimos 15 años no se ha reajustado el catastro urbano. Se sabe que existe un proyecto de ley al respecto, como ha ratificado un concejal que diera la primera voz de alarma.
Por toda explicación, las autoridades municipales inciden en que se trataría de elevar el impuesto municipal a las transferencias de bienes inmuebles en un 200%, a fin de equilibrar el impuesto al valor comercial de mercado, considerando que el rezago catastral determina que se tribute menos del valor real del bien. La percepción gira en sentido de que el desmesurado incremento eleve automáticamente el monto del impuesto catastral anual, en un mismo 200%.
Otro subterfugio esgrimido es que las minutas nunca expresan el precio real de las operaciones de compra-venta. Lo cierto es que el Gamlp cobra sobre el valor catastral, sin tomar en cuenta el registro de la minuta. Más aun, cuando se trata de financiamiento bancario se paga sobre un monto que resulta inflado por los propósitos lucrativos de las empresas constructoras, según se dijo en un programa radial de amplio espectro.
El señalado reajuste, de hacerse efectivo, colocaría inclusive a los inmuebles de renta en situaciones extremas, repercutiendo en el alza de alquileres. Si se trata simplemente de casa de vivienda familiar la situación se haría muy difícil. Por otra parte, este plan choca con la política oficial de facilitar el acceso a la vivienda mediante el crédito bancario, si se suma al pago bancario el alto impuesto.
En materia impositiva siempre se carga contra la presa fácil, que no es otra que el ciudadano cumplidor con sus obligaciones municipales y fiscales, mientras las autoridades terminan socapando a los evasores. Es tiempo, pues, para que en el caso que nos ocupa, el Gamlp se empeñe de veras en ampliar el universo de contribuyentes, pues sale a relucir que solo tributa el 30% de los inmuebles existentes, quedando el resto libre de pena y culpa.
Aunque los personeros ediles del ramo niegan los nuevos planes impositivos en detrimento de los propietarios, el sector espera un pronunciamiento explícito del Alcalde Municipal para desvirtuar la amenaza contra su economía, forjada por la mayoría sobre la base del esfuerzo y sacrificio personales. La bonanza, de la que tanto se habla, no favorece a enormes sectores sociales. Es obligación de los órganos estaduales discriminar con justicia y veracidad, tanto en esta materia como en otras.
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