Mejorar condiciones para las inversiones

En el año que pasó, finalmente se aprobó una nueva Ley de Inversiones que, de una u otra manera, abre las posibilidades de inversiones tanto nacionales como extranjeras; pero lo cierto es que esa ley debe contar con un reglamento que la haga viable y, sobre todo, confiable, porque hay muchos puntos que es preciso señalar en los reglamentos y que recién haría dinámica a la ley. Sin embargo, de entrada, se puede señalar que hay aspectos que la Ley de Inversiones no toma en cuenta y son las medidas colaterales que el Gobierno dicta de tanto en tanto y que, de todos modos, quitará efectividad a las garantías.

Hay preocupación en el empresariado privado por las disposiciones de carácter social que, sin negar derechos que tengan los trabajadores, son medidas incongruentes y que no se ajustan a la realidad. Hay disposiciones como el segundo aguinaldo que crea serias dificultades a los empresarios y, sobre todo, desequilibra a las empresas porque tienen que planificar su economía con base en la nueva disposición y, además, prever que, en cualquier momento, se pueda dictar medidas que eleven costos y encarezcan lo que se produce, causando serios problemas al mercado.

Hay impuestos y gabelas que es preciso pagar y que nunca se sabe qué variantes pudiesen tener conforme a lo que el Gobierno crea que se debe pagar; hay situaciones en que, por cualquier motivo, se suspende actividades de la producción porque se dicta feriados o medios feriados que paralizan actividades y perjudican gravemente a la economía; en otras palabras, no siempre es posible regirse a los calendarios de feriados ya determinados sino que es preciso tomar en cuenta aquellos circunstanciales que sean dispuestos por las autoridades.

En noviembre pasado, el Presidente del Estado dijo que el Gobierno espera que “el empresariado privado invierta, en la gestión de 2016, por lo menos 4.000 millones de dólares”. La frase fue tomada, con justa razón, con cargo de inventario porque, en forma previa, es preciso crear condiciones precisas para las inversiones, que las garantías sean efectivas, que no haya disposiciones colaterales a las leyes que obliguen al pago de nuevas cargas sociales, que el contrabando sea reprimido y que todo ello permita al empresariado privado tener confianza y seguridad para invertir. Por otra parte, es preciso “liberar a la tecnología”; es decir que los empresarios tengan la libertad de escoger tecnología que convenga a su capacidad para invertir y obtengan las seguridades precisas para que esa tecnología sea apropiada a lo que se hace.

El Gobierno tendrá que revisar muy bien sus expectativas sobre posibles inversiones privadas; pero para ello deberá aprobar medidas muy precisas que garanticen efectivamente las inversiones, que por ningún motivo estén expuestas a “disposiciones imprevistas” que, muy luego, corren el riesgo de tener vigencia permanente.