Licencias para radios y Tv

La ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes) ha puesto en vilo a las estaciones de radio y televisión, al exigirles que apliquen la nueva normativa para las licencias de funcionamiento, según la cual las que se hallan en situación de fenecer deben ser renovadas, pero bajo una distinta regulación o de lo contrario tendrán que dejar de operar.

En caso de que ocurra esto último, más de 500 radioemisoras y canales de televisión privados tendrían que cerrar sus emisiones hasta el 2019. Empero, en caso de que se propongan seguir en actividad deberán ingresar a un concurso de proyectos o licitaciones de frecuencias.

Las reacciones ante las nuevas condiciones que se trata de imponer para renovar licencia han sido muy adversas, al dar margen a que se las interprete como que la intención oficial es monopolizar el funcionamiento de los medios de comunicación, en este caso de los audiovisuales, que son los más numerosos y los que tienen amplia acogida pública.

Un politólogo de Santa Cruz expuso el concepto de que “es alarmante, ya lo hemos visto en Venezuela y Argentina, la implementación de leyes que coartan la libre expresión y, en particular, el disenso”.

De su parte, el presidente de la Asociación del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, Marcio Aranda, sostuvo que se advierte que hay una clara intención de poner en desventaja a las empresas de comunicación privadas.

En efecto, la Ley 0164 establece una nueva distribución de las frecuencias. El Estado obtiene el 33 por ciento de las mismas, al cual se suman el 17% destinado a sectores sociales y comunitarios, y el 17% a pueblos indígenas, originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos. Estos dos últimos dos sectores tienen una pública afinidad con el régimen actual.

En consecuencia, resultaría que el 67 por ciento de las frecuencias estarán a disposición del oficialismo, mientras que el sector privado apenas accederá al 33% restante. Empero, esta distribución, claramente discriminatoria, confronta además aquel condicionante de que para renovar frecuencias en proceso de quedar caducas las anteriores, la concesión de nuevas licencias se efectuará a través de licitaciones y/o concursos de proyectos.

No se necesita ser un clarividente para deducir cuáles son los propósitos de la nueva normativa que se pretende imponer. Pues, de por medio están la libertad de expresión y el derecho público de ejercer la actividad comunicacional sin tener que ser sometida a tamices de restricción, que en los hechos se caracterizan abiertamente como de control o, peor todavía, de dependencia a limitaciones de los gobiernos de turno.

En el fondo, se puede establecer que es atentatoria a la vigencia de la democracia, por tanto no se puede seguir utilizando el argumento de las altas esferas gubernamentales de que está en plena vigencia, lo cual no se aplica internamente en el país y es engañoso para la opinión internacional.

Si esto último es cierto, lo más pertinente será dejar sin efecto la restrictiva Ley de 2011 o por lo menos modificarla en los términos de respeto a la actividad privada y a la plena libertad de expresión en los medios de comunicación del país.