El Legislativo es, por principio, el más importante de los tres poderes del Estado; su labor debería ser ejemplar en todo sentido; los resultados de su trabajo ser ejemplo de eficiencia, capacidad, conciencia de país, honestidad y responsabilidad de sus integrantes; pero como ha ocurrido en muchas gestiones legislativas de la historia nacional, las labores de senadores y diputados no son reconocidas por la colectividad nacional.
El no reconocimiento del pueblo se debe a que senadores y diputados tanto plurinacionales -designados a dedo- como uninominales -elegidos por voto-, se debe simplemente a que cada quien actúa conforme a dictados “del partido” o grupo que los ha propiciado o elevado a tan altas situaciones de poder. Prácticamente, cada uno de los integrantes parece que más le da importancia a aprobar leyes insustanciales y que, en su momento, sean efecto de exigencia o imposiciones de sus partidos.
Se esperaba que, en contraposición al accionar de senadores y diputados del oficialismo, los componentes de la oposición o que están en situación independiente, actuarían sólo conforme a los intereses nacionales, sin apego a directivas partidarias o de grupos y tomarían muy en cuenta que han sido elegidos para servir y amar al país, su democracia, sus libertades y su profunda vocación por el imperio de la justicia; pero los hechos han mostrado que, normalmente, han acogido hasta de muy buena voluntad lo que hicieron sus colegas del oficialismo olvidando sus propios juramentos.
Para la colectividad nacional no es posible concordar con el trabajo de parlamentarios que, parece, aún no tienen conciencia de país y menos nociones sobre lo que significa el servicio y el amor por un trabajo que debería ser ejemplo de dedicación, entrega, vocación y responsabilidad. El que la colectividad critique y hasta rechace la labor desempeñada, no es nada nuevo; al contrario, es la ratificación de muchas conductas pasadas y lo que hoy se hace es cumplir con las directivas “del partido” y no cumplir con los mandatos nacionales. Estudiar leyes importantes, revisar aquellas que requieren actualización y cambios, estudiar y redactar el contenido de la ley 1008 contra el narcotráfico -aprobada en 1988-, estudiar y aprobar leyes que castiguen severamente las violaciones, los atentados a la seguridad ciudadana; aprobar leyes que efectivamente velen por la seguridad, respeto y tranquilidad de mujeres, niños y ancianos; ver el caso de límites entre departamentos y, en conjunto, revisar leyes que están dormidas o entrabadas desde hace muchos años, debería ser labor de los parlamentarios y no la de simples “levanta-manos” a todo lo que convenga “al partido” o al régimen imperante en el país.
Finalmente, no les haría ningún mal que senadores y diputados hagan un examen de conciencia sobre lo que hicieron en pro del bien común y cuanto no cumplieron.
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