Posponen audiencia de amparo contra generales del Ejército

Aida Maldonado, presidenta de la Sala Civil Primera, pospuso por una semana, la audiencia de amparo constitucional, interpuesta contra el excomandante del Ejército y el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), debido a que otro de los sindicados no se presentó, en el proceso que sigue el sargento Rubén Apaza Ticona, quien demandó a los jefes militares por haber sido dado de baja de la institución de forma injustificada y sin haber sido notificado de ningún proceso disciplinario.

Según el abogado del Comando General del Ejército, Carlos Huanca, el miércoles pasado, la audiencia se suspendió debido a que la parte demandante, no procedió a la notificación de uno de los miembros del tribunal cuya firma aparece en las resoluciones de baja al sargento.

En el caso de la inasistencia del excomandante de las FFAA, general Omar Salinas y el excomandante del Ejército, general Luis Begazo, Huanca afirmó que estos se presentaron a declarar y luego otorgaron poderes especiales para ser representados en las audiencias.

Por su lado, Ramiro Cabrera, abogado del sargento, afirmó que la baja emitida por Tribunal de Personal del Ejército, en 2014, se dio en represalia a la supuesta participación de su defendido en las históricas marchas de abril de ese año, en que miembros de las tres fuerzas armadas salieron a las calles pidiendo que se modifique la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA) y se elimine la discriminación al interior de la institución.

Cabrera, explicó que para emitir la baja, el Tribunal de Personal, encabezado por los dos generales, firmaron un documento, infringiendo las normas militares, y sin abrir sumario informativo ni proceso disciplinario, se procedió a la notificación de su alejamiento de la institución.

Precisó que en esa gestión, el Ejército dictó la baja de 36 efectivos, pero que luego de un tiempo, varios fueron restituidos en sus puestos, otros sancionados con hasta seis meses de perdida de antigüedad “y a los que seguro no les cayó bien al mando militar, como el sargento Apaza, se lo sanciona con el retiro obligatorio”, aseguró Cabrera.

Huanca, aseguró que el Amparo Constitucional interpuesto por el sargento Apaza, es un derecho que le otorga la Constitución Política del Estado, pero las autoridades aseguran haber cumplido con las normas disciplinarias y la resolución de baja está fundamentada.