“Evaluación del Gobierno intenta justificar modificación de la CPE”

Luego del extenso informe presidencial de ayer para evaluar 10 años de gestión -duró 5 horas y 40 minutos-, el analista William Bascopé opinó que el mandatario Evo Morales intentó mostrar en su mensaje al país los avances y logros obtenidos por su administración con el propósito de justificar la modificación parcial de la Constitución Política del Estado, que lo habilitaría a postular a su tercera reelección.

“El Presidente, sin bien tuvo avances importantes en sus 10 años de gestión, aquello no es suficiente como para tratar de conseguir una relección más, modificando para ello la Carta Magna”, enfatizó.

En su criterio, la gente a estas alturas comienza ya a darse cuenta que es necesario respetar la institucionalidad, y ver de alguna forma la posibilidad de que el Gobierno haga un paréntesis, que se tome un respiro de oxígeno, por el bien de la democracia.

A su juicio, el discurso del mandatario fue una evidente muestra del por qué tendrían que reelegirlo, queriendo así justificar muchos de sus puntos débiles. Añadió que al Presidente le faltó en su Informe mostrar las deudas reales que el Órgano Ejecutivo mantiene con el país, entre ellas el sector Salud.

DISCURSO AGOTADO

También dijo que el Mandatario, más allá de su gestión pública, ha agotado bastante su discurso que, a su juicio, es similar al de 2006 y 2009, pero que los tiempos a partir del 2010 han cambiado bastante y que en esta época no es suficiente hablar de anti imperialismo, lo cual se torna ya “desgastante y trillado”.

“ A más de ser un discurso llano y sencillo, manejado en un lenguaje más común, la gente comprende que es primordial respetar la Constitución Política del Estado”, aseveró. En cuanto al aspecto económico, señaló que Morales no mencionó que la actual estabilidad se basa también en una deuda contraída, que va a tener que ser pagada por las próximas generaciones.

Refirió, asimismo, que el tema del Mutún ha sido una gran muestra del fracaso que enfrenta este Gobierno en lo que concierne a las licitaciones, porque ahí también se observaron casos de corrupción. Acotó que si Morales quiere tomar un buen impulso, debería primero ver su entorno, puesto que el tema económico no lo es todo. El pueblo lo que requiere en el momento actual es respeto a la institucionalidad.

“UNA SOMBRA A SU GESTIÓN”

Por otra parte, el experto lamentó que Morales se haya referido muy poco a la corrupción en el ex Fondo Indígena, puesto que la explicación que dio no era lo que la población esperaba, porque estima que la corrupción que se detectó en esa entidad le hará “sombra” a su gestión de gobierno, y por ende, a su objetivo trazado para el Referéndum del 21 de febrero.

“Morales destinó un minuto y medio al escándalo de corrupción que empaña su gobierno: El Fondo Indígena. Dijo que heredó la estructura de gobiernos pasados y que, tal vez, su responsabilidad fue no haber cambiado esas normas”, anotó el analista.

El Fondo Indígena fue creado el 22 de diciembre de 2005, durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, actual agente boliviano ante La Haya, en el caso de la demanda marítima contra Chile. Hace poco, Morales también se enfrascó en una polémica y lanzó duros ataques contra el expresidente Carlos Mesa, el vocero internacional de la demanda marítima.

“No quisiéramos tocar ese tema, el tema del Fondo Indígena nos dejaron sus normas los gobiernos anteriores, tal vez la responsabilidad nuestra ha sido no haber cambiado las normas, que nos dejaron otros gobiernos”, señaló. Sin embargo, el Fondo empezó a funcionar en julio de 2009, cuando el MAS era ya gobierno.

El Presidente dijo haber advertido esta situación, pero “el sector campesino indígena originario entendía que era un derecho adquirido esa estructura de manejo del Fondo Indígena”. 

Sin embargo, la transferencia directa de recursos a las cuentas de los dirigentes fue aprobada durante el gobierno de Morales, puesto que el decreto dejado por Rodríguez Veltzé establecía que se crearían tres comisiones que se vigilarían entre sí: una de ejecución, una administrativa y otra de control social.