Octubre 2003: promesa incumplida

Han transcurrido 13 años desde la insurrección del pueblo boliviano de 0ctubre de 2003, que culminó con la inmolación de humildes ciudadanos y centenares de heridos, cuyo objetivo principal fue la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, como la mejor opción para potenciar la economía nacional y convertir a la estatal petrolera YPFB en una empresa que controle y dirija con eficiencia y responsabilidad la dinámica productiva del oro negro. Y para que esta proeza se cumpla era necesario liquidar el esquema neoliberal exportador de materias primas, que actualmente todavía se mantiene vigente.

NACIONALIZACIÓN

La nacionalización de los hidrocarburos por Decreto Supremo No. 28.701, de fecha 1-5-2006, significa la recuperación total de este energético a favor del Estado. Esta disposición, plausible en teoría, en la práctica resultó frustrante porque se redujo solamente a la adecuación de los nuevos contratos petroleros a la ley en vigencia y al incremento tributario dispuesto por la Ley No. 3.058 que dispone el 50% para el Estado (18% regalías y 32% IDH) y el otro 50% destinado a reembolsar a las empresas petroleras transnacionales por concepto de “costos recuperables” ítem muy controvertido por su constante incremento.

INDUSTRIALIZACIÓN

De haberse cumplido con la industrialización de los hidrocarburos, se habría resuelto muchos problemas económicos y sociales de la población (relacionados con salud, educación, vivienda, trabajo, subvenciones, ingresos para el Tesoro General de la Nación, etc.).

CASO BULO BULO

El único proyecto de industrialización del gas natural en los últimos 10 años es la controvertida planta de industrialización de urea y amoniaco en Bulo Bulo, ubicada en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, con un costo de 860 millones de dólares.

Esta planta desde su fase inicial fue objeto de variadas observaciones de carácter técnico y financiero por instituciones y profesionales afines al tema energético, por ejemplo:

1) Por su ubicación inadecuada e impropia para la exportación por estar lejos de los centros de consumo (pudo ser Puerto Suárez, en la frontera con Brasil. 2) Por no haber gas natural para su procesamiento y que debe ser transportado desde el sur del país. 3) Por su elevado costo de producción. 4) Por la inversión millonaria difícil de recuperar a breve plazo. 5) Por la renuncia de la empresa china a su contrato para la construcción de un tramo del ferrocarril Bulo – Montero, etc.

VERSIONES DE LA NACIONALIZACIÓN

Mencionamos algunas versiones de instituciones y de expertos en materia energética:

1) Se conoce por nacionalización el traspaso de las instituciones y operaciones de una empresa privada al Estado, la salida de las empresas del país y el pago de indemnización, esto no ocurrió, lo que hizo el Gobierno es aplicar parcialmente la ley No. 3.058 (Energy Press 11-5-2008).

2) Pese al Decreto Supremo No. 28.701 las empresas petroleras transnacionales que operan en Bolivia mantienen control y dominio real en la industria petrolera del país, la situación de preeminencia de las empresas petroleras transnacionales en el control de la producción de hidrocarburos se constata cuando el grueso de la producción, cerca del 80%, continúa en manos de las operadoras extranjeras y el Estado solo participa en un 20% a través de las petroleras Chaco y Andina.

Tener dominio sobre las acciones 50% más UNO no significa conducir los campos productores de hidrocarburos. YPFB seguirá marginada de las decisiones porque las petroleras transnacionales mantienen control operativo de los pozos, etc.

Al concluir, es necesario que el Gobierno y su entorno palaciego reflexionen y corrijan las deficiencias y eviten la retórica engañosa que causa hastío en la Nación.