Cumbre de Justicia será el segundo “gran engaño”

El constitucionalista Carlos Alarcón alertó que la Cumbre de Justicia, anunciada por el presidente Evo Morales, será el segundo “gran engaño” para el país, porque entre sus ejes temáticos no incorpora la independencia de los poderes, principal problema del sistema judicial y causante de otros.

El también proyectista de la “Iniciativa Popular Constituyente para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado”, referida al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), observó que el Primer Mandatario en ningún momento de su discurso presidencial, ofrecido por los seis años del Estado Plurinacional, mencionó la necesidad de una justicia independiente.

“En ningún momento se habla de la independencia del sistema del poder político, va a ser el segundo gran engaño. El primero fue el de elegir a las altas autoridades por voto y eso fue saboteado por la Asamblea Legislativa, en cambio, este va a ser otro engaño porque no se habla de la independencia”, señaló a ANF, quien fue también ministro de Justicia del gobierno de Carlos Mesa.

“VERDADERA REVOLUCIÓN DE JUSTICIA”

Para una verdadera revolución de la justicia en Bolivia –dijo Alarcón– se debe garantizar la independencia de los poderes del Estado, ya que sin esta no se puede atacar el problema medular que enfrenta el sistema judicial.

El Presidente adelantó que los ejes temáticos a tratarse en la Cumbre de Justicia estarán referidos a la designación de altas autoridades, retardación de justicia, acceso a la justicia, formación y control de servidores judiciales, política criminal, justicia penal y lucha contra la corrupción y convocó a los movimientos sociales para asumir el desafío junto al Gobierno.

El jurista constitucional cuestionó que en lugar de que el país vaya a un referéndum para buscar una verdadera reforma de la justicia que beneficie al conjunto de la población, tenga que participar de un proceso electoral el 21 de febrero para beneficiar solo al Presidente y Vicepresidente para ir a otra reelección para el período 2020-2025.

“Como proyectista no tengo el músculo para ser el promotor de la iniciativa constitucional. Se necesita un grupo impulsor para recolectar firmas del 20 por ciento del padrón nacional electoral y se necesita socializar a fondo la propuesta realizando talleres, viajes, etcétera para presentarlo oficialmente en la Cumbre y develar este gran engaño”, aseveró.

El proyecto de iniciativa popular constituyente plantea la reforma parcial del Título III, capítulo primero, capítulo segundo (sección I), capítulo tercero, capítulo cuarto, capítulo quinto y capítulo sexto de la segunda parte del texto constitucional y de sus artículos 178 al 204.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

En criterio del constitucionalista, lo más importante para alcanzar una justicia independiente es el respeto de las garantías constitucionales.

“¿Quién designaría y quién destituiría a todos los jueces del país a los que se organice, no por jerarquía sino por capacidad y especialidad? e inclusive se puede incluir a los fiscales del país (…) entonces mi propuesta es que sea este Tribunal de Méritos y Castigos conformado por 11 notables, los que designarían por concurso público de méritos a todos los jueces y fiscales del país, y de destituirlos si se portan mal”, explicó.

El Tribunal de Méritos y Castigos, según Alarcón, tendría la participación de la sociedad civil y el poder del Estado, donde la primera tendría mayor peso. La sociedad civil estaría representada por las Asociaciones de Periodistas, el Colegio de Abogados, las Facultades de Derechos, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Central Obrera Boliviana (COB) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) protectoras de los derechos humanos más representativas.

El Estado estaría representado por el Presidente, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el conjunto de gobernadores departamentales, los alcaldes del país y el Defensor del Pueblo.  

La segunda garantía, explicó el jurista, tiene que ver con la inamovilidad funcionaria para todos los jueces para que no “deban favores políticos” para cambiar de puestos, ascender o mantenerse en el cargo que están, “salvo se porten mal o cometan delitos en sus funciones”.

Para Alarcón, un 10% de presupuesto del Tesoro General de la Nación (TGN) para el Órgano Judicial, se constituiría en una tercera garantía. “En lugar de pensar en palacetes o ciudadelas judiciales, se deberían construir casas de justicia en los municipios, con servicios multifuncionales donde estén jueces, expertos en mediación, fiscales, peritos forenses, defensores públicos, juzgados constitucionales descentralizados  del Tribunal Constitucional y jueces indígenas en acuerdo con sus autoridades”, dijo.