Competencia desleal a la agricultura indígena

Es posible observar en las políticas económicas del Gobierno una serie de contradicciones que revelan que, a la corta o a la larga, la economía nacional marcha sin orientación definida y produce, por tanto, enfrentamientos e inclusive choques violentos entre intereses sectoriales.

Uno de esos casos es el referido a la importación de productos alimenticios y otras mercancías, pues mientras unas autoridades afirman e inclusive ejecutan políticas de determinada naturaleza, otras van en sentido contrario, determinando no sólo anarquía económica, sino también política.

Al respecto, en meses recientes se constata antagonismos en cuanto a la política de importación capitalista estatal de algunos productos relacionados con la canasta familiar cotidiana. En efecto, desde hace algunos años, el Gobierno está haciendo importaciones de alimentos en proporciones exponenciales, sin que exista la posibilidad de que se reduzcan o, mucho menos, paralicen. Los datos numéricos señalan que esas importaciones pasaron de menos de 300 millones de dólares al año a alrededor del mil millones, convirtiéndose en una competencia desleal a la producción agropecuaria nacional y siguiendo el camino de Venezuela.

En meses recientes, también se ha acentuado el contrabando de alimentos, al extremo de que los mercados de las grandes ciudades e inclusive pueblos pequeños, han sido invadidos por olas de verduras, frutas, papas, huevos, carnes y otros alimentos de origen en el contrabando de Perú, Chile, Argentina y Brasil y, de otro lado, harinas, arroz, maíz y otros importados por el Gobierno, determinando, por tanto, un golpe mortal para nuestros agricultores.

Esa política económica fue insistentemente criticada por algunos sectores agrarios y en especial por los medios de prensa sin el menor resultado. Las importaciones legales e ilegales continuaron ascendiendo, a sabiendas del daño increíble que estaban provocando. Es más, a principios de año el Gobierno dictó un decreto por el cual se autoriza la libre importación y comercialización de alimentos de diversa clase para cubrir el creciente déficit de productos que sirven para llenar la canasta familiar.

Al parecer alguna autoridad de gobierno observó ese creciente peligro y pudo conseguir que se dicte alguna medida arancelaria, aumentando los impuestos al ingreso de algunas mercancías alimenticias desde países vecinos. Sin embargo, parece que la disposición cayó en saco roto y los mercados están rebalsando de productos extranjeros, salvo los más fungibles y de fácil deterioro.

Tan alarmante estado de cosas al parecer llegó a oídos de la Vicepresidencia, que declaró que se debería adoptar medidas que protejan a la agropecuaria nacional. En efecto, al enterarse, finalmente, de la crisis agropecuaria provocada por la competencia desleal de alimentos extranjeros, afirmó en Santa Cruz que estaría dispuesto a adoptar medidas arancelarias para apoyar al sector agropecuario, en la misma forma que hizo con el sector vitivinícola.

En forma textual esa autoridad, respaldando en forma indirecta la línea proteccionista que proclamamos, afirmó: “Si hay que aprobar decretos y leyes que protejan, estableciendo medidas paraarancelarias u otro tipo de medidas… los vamos a tomar (sic)”. Agregó también: “No somos gobernantes que pensando que trayendo productos de afuera baratos garantizamos estabilidad económica… no tenemos esa idea, no seguimos esa corriente”, opinión que revela que, por un lado, se piensa en cierta forma y, por otro, al revés, contradicción al parecer insoluble que se va convirtiendo en antagonismo.