En 2015, la Procuraduría gastó Bs 8.3 millones en arbitrajes

En la gestión 2015, la Procuraduría General del Estado gastó 8,3 millones de bolivianos por siete procesos de arbitrajes internacionales que enfrentó en la gestión pasada afrontados en 2015, siendo el caso de South American Silver, por la reversión de su concesión minera en Mallku Khota, el que demandó mayor cantidad de recursos con Bs 7,8 millones de bolivianos, informó el procurador Héctor Arce, en su informe de gestión.

Además del arbitraje de South American Silver, los otros seis casos fueron interpuestos por Abertis, por la nacionalización del Servicio de Aeropuertos Bolivia S.A. (Sabsa); Quiborax, por la revocatoria de 11 concesiones mineras de la Empresa Non-Metallic Minerals e Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de sus acciones en Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser.

En la rendición de cuentas de la Procuraduría, Arce aseguró que el gasto de Bolivia en juicios internacionales es el más ajustado en el mundo, tomando en cuenta que el promedio que destinan otros países, cada año, para enfrentar esas querellas asciende a 4,2 millones de dólares, por proceso.

“Hay 7 procesos en curso, los estándares de gastos son los mínimos, nosotros en siete procesos hemos gastado algo más de 1 millón de dólares, cuando el estándar promedio por proceso, por año, son 4,2 millones de dólares”, mencionó.

Según el procurador, la querella que requirió más dinero el año pasado fue la instaurada por la canadiense South American Silver, por la nacionalización del yacimiento potosino de Mallku Khota, cuya defensa demandó al Estado 4 millones de bolivianos en abogados, 2 millones en expertos internacionales económicos y 900 mil bolivianos en expertos mineros.

Entretanto, aseveró que el año pasado “no hubo gastos” para enfrentar los juicios que instauraron la española Abertis por la nacionalización de Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa) y la chilena Quiborax por la supresión de su licencia para explotar la concesión minera de ulexita en el Salar de Uyuni, Potosí.

También dijo que el juicio con la suiza Glencor por la nacionalización de la mina Colquiri, en 2012, no significó ningún gasto para el Estado boliviano el año pasado.

No obstante, manifestó que en el juicio con la española Iberdrola por la nacionalización de cuatro de sus filiales, entre ellas, las distribuidoras de electricidad de La Paz y Luz y Fuerza de Oruro, demandó un gasto de 350.000 bolivianos.

Respecto al juicio con la empresa india Jindal Steel and Power, que presentó una demanda contra Bolivia por la ejecución de boletas de garantía debido al incumplimiento del contrato para la industrialización del Mutún, el procurador sostuvo que se gastaron 128.034 bolivianos en contratar expertos internacionales.

Adelantó que para marzo de este año se prevé llegar a un acuerdo con la empresa y cerrar ese proceso.

Hasta el momento, precisó que la Procuraduría lleva entre 10 y 11 procesos internacionales cerrados en su integridad.